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Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Al estudiar una tutela que presentaron 39 migrantes venezolanos, quienes le solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores el reconocimiento del estatus de refugio, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno para que defina una ruta para orientar a esta población sobre las alternativas para permanecer legalmente en Colombia.
Por El Tiempo
De acuerdo con el alto tribunal, a los migrantes durante el proceso, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia expidió salvoconductos que les permitían permanecer de manera regular en territorio nacional.
Es por ello que la Sala Tercera de Revisión, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, al conocer el caso dividió en grupos a cada uno de los accionantes toda vez que tenían situaciones distintas.
Pero los accionantes invocaron el amparo, toda vez que consideraron que el Ministerio de Relaciones Exteriores vulneró su derecho al debido proceso, porque dilató injustificadamente la resolución de sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y la Unidad Administrativa de Migración Colombia vulneró el derecho al trabajo, puesto que excluyó a los portadores del salvoconducto como beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF) que les permitía trabajar mientras se resolvía su solicitud.
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