La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este jueves irregularidades en el proceso de registro de votación de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio, que aseguró buscan “desalentar la participación” ciudadana en dichos comicios.
“Todo parece indicar que el objetivo es desalentar la participación”, señaló la organización en una nota de prensa, en la que enumeró fallas como el “escaso número de centros de inscripción, los pocos recursos con los que cuentan y el breve lapso que estarán operando“.
Explicó que los 315 puntos instalados en Venezuela, para inscripción de nuevos votantes o actualización de datos, contrastan con los 531 dispuestos para los comicios presidenciales de 2018 y los 1.558 que funcionaron para las elecciones legislativas de 2015.
Acceso a la Justicia indicó que en el estado Zulia (oeste), la circunscripción electoral más grande del país, solo se instalaron 26 puntos, seguido de Miranda (centro) con 24 y Caracas con 22 sedes funcionando.
“En el otro extremo, a los estados Amazonas (sur) y Delta Amacuro (este) solo se le asignaron cuatro y dos centros, respectivamente, ambos ubicados en sus capitales, a pesar de su gran extensión territorial y accidentes geográficos que dificultan la movilización de sus habitantes”, explicó.
Otro problema, prosiguió, es el obstáculo que enfrentan los venezolanos en el exterior para registrarse a través de las sedes diplomáticas, al tener que demostrar que cuentan con residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
“La disposición, en la práctica, deja en manos de autoridades extranjeras la decisión de permitirle a un venezolano poder ejercer su soberanía a través del sufragio”, apuntó.
El pasado 18 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comenzó la jornada de inscripción y actualización de datos de votantes en el país, de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio.
Los jóvenes con 18 años cumplidos o más, y todos los que deseen actualizar sus datos por cambio de residencia, podrán acudir a estas sedes hasta el próximo 16 de abril.
Sin internet ni luz
La crisis de servicios públicos que atraviesa Venezuela también atenta contra el derecho de los ciudadanos a elegir y a participar en los asuntos públicos. Prueba de ello fue lo ocurrido en el estado Táchira el 18 y 19 de marzo, cuando las fallas en el servicio eléctrico y de internet impidieron a decenas de personas que aguardaban desde tempranas horas ante la sede de la oficina regional del CNE en San Cristóbal poder inscribirse o actualizar sus datos en el RE.
Una situación similar se registró en otros municipios de la entidad andina, de acuerdo con la información registrada por medios locales.
El concejal Jesús Márquez denunció que los empleados del CNE que se instalaron en el municipio Jauregui le informaron que no pudieron realizar ningún trámite durante un día completo debido a que utilizan conexión de Internet móvil de Movilnet y esta operadora no tiene señal en la zona.
Electores de primera y de segunda
Problemas aún peores enfrentan los venezolanos que residen en el extranjero y que desean participar en los comicios. Una revisión realizada por Acceso a la Justicia de noticias de medios de comunicación y redes sociales permitió detectar que hasta el 19 de marzo unas 20 embajadas y consulados venezolanos en distintos países de América Latina y Europa no contaban con los equipos necesarios para poder realizar las inscripciones de nuevos electores o actualizaciones.
Apenas unos 107.000 venezolanos están habilitados para votar en el extranjero, esto, a pesar de que más de 7 millones residen fuera del país, según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De este universo unos 4 millones están empadronados en el exterior para votar y 1,5 millones ya cumplieron en el extranjero la edad para ejercer este derecho constitucional.
No obstante, el obstáculo mayor para la diáspora venezolana se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electoral (Lopre), que en su artículo 124 exige que los venezolanos que están en el extranjero demuestre que “poseen residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela”, a fin de registrarse para sufragar.
El requisito adicional se antoja como una violación a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución, que proscribe cualquier tipo de discriminación que persiga “menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.
La disposición, en la práctica, deja en manos de autoridades extranjeras la decisión de permitirle a un venezolano poder ejercer su soberanía a través del sufragio.
A esto se añade que el CNE ha impuesto requisitos adicionales a los del país de residencia para que la persona pueda registrarse, lo que contraviene la propia Lopre e incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la sentencia n.º 50 de la Sala Electoral del 28 de marzo de 2012 estableció que “la legalidad de dicho estatus migratorio únicamente la pueden certificar los órganos competentes del país donde resida, en aplicación de su ordenamiento jurídico interno en materia migratoria”.
EFE y Acceso a la Justicia