Los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia debido a la crisis migratoria podrán trabajar en empresas de seguridad y vigilancia. Así lo determinó la Corte Constitucional tras revisar una tutela formulada por una mujer de esa nacionalidad, a quien no se le permitió realizar su registro en la plataforma de Acreditación de Personal Operativo con su Permiso por Protección Temporal (PPT).
Por SEMANA
En primera instancia, un juzgado de Arauca amparó el derecho al trabajo invocado por la mujer y le ordenó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad poner en marcha un mecanismo “alterno” al aplicativo para que la accionante pudiera presentar la solicitud de acreditación personal. La Superintendencia colombiana impugnó la decisión y, en segunda instancia, se revocó el fallo.
Para insistir en el trámite, la mujer presentó como documento de identificación su pasaporte y se pudo efectuar el registro. No obstante, cuando el caso llegó a la Sala Segunda de Revisión de la Corte, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, consideró pertinente emitir pronunciamiento de fondo para que se evite la vulneración del derecho al trabajo por las mismas circunstancias.
Para la Corte, la Supervigilancia vulneró el derecho al trabajo de la accionante toda vez que no actualizó el aplicativo para que una empresa de seguridad privada pudiera solicitar el registro de la accionante con el PPT como documento de identificación.
“La Sala constata que la omisión de la accionada, relacionada con la actualización del aplicativo para que acepte el PPT como documento de identidad, contraría la normatividad laboral y migratoria colombiana”, resalta el fallo de tutela.
Lea más en SEMANA