Raúl Gil Arias, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní) al sur del país, expresó durante una entrevista dada el 18 de agosto, que el cierre de algunas empresas en el estado Bolívar se trató de negocios que estaban inactivos desde hacía algún tiempo, y que no habían formalizado su finalización de actividades económicas.
Por Pableysa Ostos/Corresponsalía lapatilla.com
“Estas compañías estaban inactivas, pero tenían un Rif. No habían sido cerradas formalmente, no sé la razón, pero como seguían legalmente en el registro, automáticamente se generó un canon por servicios de aseo. Y las empresas dijeron: no estoy facturando, no tengo actividad económica, no puedo pagar servicios ni el mínimo tributario de la alcaldía, voy a cerrar legalmente”.
Las declaraciones se dan después de que un medio digital afirmará que 410 empresas habían quebrado entre noviembre del 2022 y abril de 2023 por la dificultad de cumplir con el pago del aseo urbano, servicio prestado en esa jurisdicción por Fospuca. El medio cita unas declaraciones que fueron emitidas por la mesa técnica de Fedecámaras Bolívar.
Lapatilla.com tuvo acceso a la nota de prensa y se corroboró que las declaraciones fueron emitidas el 28 de abril del 2023 y enviadas a través de una nota de prensa por Fedecámaras Bolívar.
El presidente de Camcaroní sostiene que aquellas empresas que cerraron, no estaban operativas ni estaban productivas. En resumen, empresas que habían cesado sus operaciones. “No tenían actividad económica y decidieron cerrar definitivamente, formalmente, legalmente”.
Dio como ejemplo las compañías que operaban en el sector industrial, las cuales están ubicadas en la Zona Industrial 321, Los Pinos, en Puerto Ordaz. “Ahí están empresas que estaban cerradas, porque no tenían actividad económica, ya que dependían netamente de contrataciones o trabajos realizados a las empresas básicas”.
Fospuca pide el listado
Por su parte, Fospuca emitió un comunicado el viernes 18 de agosto, en el cual solicitó a Fedecámaras Bolívar difundir la lista de las empresas cerradas.
“Desde Fospuca, vemos con asombro y preocupación el alcance y repercusión negativa que dichas declaraciones (sin ningún basamento presentado hasta la fecha) ha generado sobre nuestra gestión e imagen en la opinión pública, por lo que exigimos que presente las pruebas ante tales aseveraciones, pues de lo contrario, podemos reservarnos las acciones legales a las que hubiere lugar”, señalaron.
El equipo reporteril de lapatilla.com intentó comunicarse vía telefónica y por WhatsApp con el presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, pero no hubo respuestas.
Otros factores en contra
Gil precisa que existen otros factores que influyen en el desarrollo empresarial en la entidad. “La situación atípica del estado Bolívar, en el cual tampoco hay combustible, es evidente. El estado Bolívar fue nombrado como zona estratégica, y eso ha ido ahuyentando a los empresarios y a los inversionistas, porque por todo te meten preso. Los altos gastos de impuestos municipales y por los altos costos de tarifas de servicios públicos en general, porque también ha habido en la ciudad aumento del cobro del agua, de la luz y todo eso”.
Por su parte, una fuente de la Superintendencia de Tributos del Municipio Caroní expresó que existen unos 1.000 contribuyentes insolventes “muy a pesar de que se invirtió en la realización de un censo de actividades económicas el cual actualizó el padrón de contribuyentes entre los meses de abril y julio del año 2022, en donde se le conminó de manera reiterada a ponerse al día con sus obligaciones tributarias y administrativas, así como desde el mes de agosto de 2022, han recibido innumerables mensajes de texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos, notificándoles su estatus, y a la fecha, continúan adeudando sus obligaciones de ley”.
Ante la interrogante de cuántos comercios están registrados o funcionan desde casa, la fuente destacó que esa información “es confidencial”.
La inflación pasa factura
El representante de Camcaroní detalló que el incremento de la inflación, según el Banco Central de Venezuela, fue de 120 % acumulado de enero a julio. Y eso se refleja en los precios de venta, en la prestación de servicios de las empresas y en los costos de los productos que se comercializan.
“Porque todo este incremento de los servicios públicos y el incremento de los impuestos municipales y nacionales, se trasladan al final al precio de venta o a la prestación de servicios”, precisa Gil.
Agregó que en relación al caso de Fospuca: “Yo insisto en que el responsable de las tarifas es la alcaldía. Por ende, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que se entregara el contrato, la alcaldía active la mesa técnica conformada por los secretarios y la Administración Tributaria Municipal, y se evalúe una nueva tarifa respetando el principio constitucional relacionado con la capacidad económica que tienen los contribuyentes de acuerdo a los sectores económicos que se desarrollan”.