Rafael Narváez: Estamos ante un Estado depredador de los DDHH

Rafael Narváez: Estamos ante un Estado depredador de los DDHH

Rafael Narváez, abogado penalista | Foto archivo

 

Los poderes públicos y en especial el sistema de justicia, le da luz verde al Estado para violar la soberanía popular que reside en el voto a través de la vía electoral ejecutando inhabilitación con pretensiones de invadir el ejercicio privado de ciudadanos realizar primarias.

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El ex parlamentario abogado y defensor por los derechos civiles le salió al paso a la nueva pretensión del Estado de iniciar una nueva escalada contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los ciudadanos.

“No le basta con mantener en prisión a 280 presos políticos sin el debido proceso con retardo procesal, sindicalistas de Guayana detenidos sin saber su paradero, una población sometida a una hiperinflación sin límites con sueldos miserables y pensiones de hambre si no que ahora haciendo uso de los de los poderes públicos como Asamblea Nacional y el sistema de justicia arremete contra el camino de los ciudadanos que aspiran por la vía electoral tomar sus decisiones abrazados de la soberanía popular que reside en el voto y así producir un cambio pacífico electoral y democrático” senaló Narváez

Agregó que “La conducta del Estado sigue siendo reprochable, es inhumano, contra una sociedad que ya no encuentra derechos y garantías constitucionales establecidos en nuestra CRBV para defenderse, porque la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un jarrón chino y prácticamente le ha dado la espalda a las víctimas de violaciones DDHH”

“Estamos en presencia de una nueva arremetida del Estado, esta vez contra los derechos políticos al usar todo su poder y no permitir a los ciudadanos organizarse con miras a unas elecciones presidenciales que constitucionalmente debe realizarse el año 2024”,  expresó el defensor por los derechos civiles

Para finalizar el ex parlamentario exigió al TSJ asumir sus atribuciones establecidas en nuestra CRBV y en la ley orgánica del poder judicial para que le permitan a la sociedad ejercer sus derechos políticos .