Cuarenta y seis mujeres fueron asesinadas en una cárcel de Honduras a finales de junio. La masacre, que fue la tercera más letal en la historia carcelaria del país centroamericano, ha profundizado la crisis de seguridad, ha vuelto a poner al descubierto la corrupción estatal y volvió a llevar a los militares al frente de la seguridad pública.
Por Infobae
La presidenta Xiomara Castro se rodeó de militares uniformados en uno de los salones del palacio presidencial de Tegucigalpa dos noches después de la masacre en Támara, la principal cárcel de mujeres del país, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital. Ya para entonces, a pocas horas de la matanza, Castro había destituido a su ministro de seguridad, había recompuesto a la cúpula de la fuerza pública, disolvió una comisión especial para sanear las prisiones y había devuelto por completo a los militares el poder que tenían durante el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy preso en Estados Unidos en espera de un juicio por narcotráfico.
La matanza de Támara ocurrió la noche del martes 20 de junio. Las primeras versiones filtradas por la policía a los principales medios de comunicación de Honduras indicaban que un grupo de pandilleras del Barrio 18 habían planificado un ataque contra internas de la MS13, la pandilla contraria. Las atacantes, con armas de grueso calibre, dispararon contra algunas de sus víctimas y prendieron fuego a dos colchones con los que provocaron un incendio que calcinó a varias de las presas. La reacción de la presidenta Castro llegó pronto.
Esa misma noche, la presidenta Castro anunció la destitución de Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que descubrió los nexos entre el expresidente Hernández con el narco a principios de la década pasada y a quien la nueva mandataria había puesto al frente de la seguridad pública. En su lugar, Castro puso a una camada de militares de viejo cuño, algunos vinculados al viejo poder de Hernández.
La periodista Wendy Funes, quien ha seguido la transformación de la narcopolítica en Honduras desde los primeros años de Hernández, ha publicado, basada en información de fuentes en el aparato hondureño de seguridad, que la masacre de Támara es producto de un boicot en un sector del ejército para retomar el control del aparato de seguridad.
“Desde marzo recibimos información de que había un complot en el sistema de seguridad pública… para obligar al gobierno a retroceder y volver a militarizar la política criminal del Estado… Los militares querían demostrar que ellos pueden manejar la seguridad, es un tema de poder, presupuesto e influencia política”, dice Funes a Infobae en conversación telefónica.
Cuando asumió como presidenta en enero de 2022, Xiomara Castro nombró responsable máximo de la seguridad pública a Sabillón, el hombre que había desestabilizado la alianza entre el expresidente Hernández y las organizaciones de narcotráfico en Honduras. Uno de los primeros actos públicos de Sabillón fue supervisar la extradición del exmandatario a Estados Unidos tres meses después, en abril de 2022. En aquellos meses, la cúpula del ejército que se había incubado durante el gobierno Hernández, a la que este había entregado el control de la seguridad pública con la creación de una policía militar, empezó a perder influencia.
Infobae consultó con un oficial de inteligencia que trabaja para el aparato estatal hondureño sobre las causas de la masacre en Támara. La fuente, que habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, coincidió en que un complot desde un sector del ejército puede haber provocado la matanza, aunque no descartó otros motivos. “Es muy posible que sea un acto de desestabilización por las medidas que tomó la comisión interventora en las cárceles”, asegura el oficial en referencia a una comisión especial que el gobierno de Castro creó en abril pasado para sanear las prisiones, y la cual encontró resistencia en las cárceles desde el principio.
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