Nuevamente, la Corte Penal Internacional (CPI) pone en aprietos a las autoridades venezolanas. La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista de Venezuela, específicamente durante las manifestaciones del 2017.
Por Ana María Rodríguez Brazón | EL TIEMPO
Esto no significa que la CPI haya hecho una pausa en el proceso y por eso la reanudación. Por el contrario, avanza en lo que se conoce como el caso Venezuela I, en el que se acusa al Estado de la muerte de varias personas, además de tratos crueles e inhumanos que incluyen torturas de índole sexual.
El anuncio, conocido este martes, reconoce entonces que si bien el país ha tomado “algunas medidas de investigación», considera que «sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total. Además, hace énfasis en que solo se penaliza a los que han ejecutado las órdenes, pero no a los altos rangos.
Defensores de derechos humanos coinciden que esto es un avance para las víctimas. La CPI tomó 1.875 testimonios que sustentan las denuncias y que forman parte de la investigación. El Estado venezolano había solicitado conocer las identidades, pero el organismo negó la solicitud.
Alí Daniels, codirector de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a EL TIEMPO la importancia del anuncio. Según él, ya no son las organizaciones y víctimas las que están diciendo que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad sino “que es la Sala de Cuestiones Preliminares, es decir, un órgano judicial internacional. La propia CPI es la que dice que en Venezuela no se están investigando los crímenes”.
Todo esto implica, en otras palabras, que el Estado debe apelar a esta decisión y demostrar que en el país no se han cometido crímenes de este tipo, pero resulta que desde 2014 en Venezuela hay un patrón sistemático y generalizado en la comisión de los crímenes de este tipo.
“No basta con negarlo sino que tiene que justificarlo. Entonces, por eso, es que es tan importante esta decisión”, resalta Daniels.
El chavismo tiene hasta el 3 de julio para hacer la apelación y el documento contentivo de esta debe interponerse antes del 19 de julio. De hacerse esto, la Fiscalía puede responder dentro de los 21 días siguientes.
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