Un grupo de empresarios italianos y bolivianos creyeron haber hecho un gran negocio en Colombia suministrando alcohol extraneutro para fabricar aguardiente.
Por eltiempo.com
Según cuentan, en asocio con una firma colombiana participaron con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en un millonario negocio que ascendió a más de 11.600 millones de pesos y que se selló en 2013.
Y si bien el contrato entre la FLA y la Unión Temporal Guabirá-Trenaco 2013 se ejecutó sin líos, dos de las empresas extranjeras que participaron en el negocio dicen que terminaron estafadas.
En efecto, aunque la FLA les pagó 5’720.000 litros de alcohol, la unión temporal empezó a atrasarse en desembolsos a proveedores.
La denuncia
Ahora están hablando de desvíos superiores a los 5 millones de dólares, sin contar intereses, en lo que consideran un hurto agravado del que están culpando a sus socios en Colombia.
EL TIEMPO investigó y estableció que una de las denunciantes es la empresa boliviana Ingenio Azucarero Guabirá, que se asoció para el negocio con C. I. Trenaco Colombia S. A. S.
Jaime Lombana, abogado de la firma boliviana y de la italiana Silcompa S. P. A. (que suministró el alcohol), denunció a cuatro ejecutivos de la firma colombiana por lo que califica como un claro desvío de fondos del contrato con la FLA.
Los denunciados son Jéssica Montoya Gambín, Felipe de la Vega Vergara, Iván Andrés Montoya Moreno y Carlos Alberto Gutiérrez Robayo.
Este último tomó relevancia pública en 2017 cuando EL TIEMPO reveló que, a través de la firma Trenaco S. A., aparecía en un millonario negocio con el barranquillero Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro.
Trenaco, creada en Suiza el 3 de mayo de 2002 y hoy en liquidación, es la matriz de C. I. Trenaco Colombia S. A. S. (también en liquidación), la del negocio del alcohol con la FLA.
En ese momento se supo que el Gutiérrez Robayo con el que Álex Saab intentó sellar un millonario negocio, que pasaba por Venezuela, es el esposo de María Teresa Alcocer, cuñada de Gustavo Petro, entonces senador y hoy Presidente.
Petro decidió tomar distancia de su concuñado en 2020, cuando EL TIEMPO reveló que agentes federales chequeaban sus nexos empresariales con Saab, capturado ese año en Cabo Verde por una megaoperación de lavado de activos que ahora lo tiene preso en Miami.
Imputación de cargos
“Si ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar. ‘Concuñado’ no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana. Por tal razón, esa figura no representa ningún tipo de parentesco con Gustavo Petro ni por afinidad ni por consanguinidad”, dijo.
Y en una reciente comunicación con EL TIEMPO, el propio Gutiérrez Robayo aseguró que no ha sido llamado a ningún tipo de diligencia por la Fiscalía.
Además, afirmó que a raíz de los señalamientos que recientemente se han hecho en su contra solicitó al ente investigador que le indicara formalmente si se encuentra vinculado en algún proceso judicial o si tiene conocimiento de alguna denuncia en su contra.
“La entidad respondió en forma negativa, es decir, nada concerniente con el episodio de ‘Orión V’ ni con ningún otro”, indicó Gutiérrez Robayo, haciendo referencia a la mención de su nombre que hicieron medios de comunicación en el caso del buque, con vacas y droga, incautado el pasado 28 de enero en aguas españolas.
Y añadió que no existe reporte en su contra en calidad de responsable fiscal en la Contraloría, ni antecedentes en Procuraduría General: “Esto obedece a una motivación política, atacando al concuñado de Gustavo Petro, creyendo erradamente que haciéndome daño a mí se lo van a causar consecuentemente al Presidente (…) Jamás he sido requerido por autoridad judicial alguna”.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que luego de 10 años de proceso –que incluyeron un peritazgo contable y hasta una acción de tutela–, la Fiscalía alista una audiencia de imputación de cargos en torno al supuesto desvío de los más de 5 millones de dólares.
Según bases de datos públicas, la diligencia está programada para el próximo 25 de abril y se menciona directamente a Jéssica Montoya Gambín, exdirectiva de Trenaco S. A. y representante legal de la Unión Temporal Guabirá-Trenaco 2013.
¿Informes falsos?
No obstante, en el documento de solicitud de audiencia, conocido en exclusiva por EL TIEMPO y firmado por la fiscal 60 especializada, Doris Buitrago Valbuena, aparecen los nombres de los otros implicados, incluido el de Gutiérrez Robayo, oriundo de Zipaquirá y conocido en el sector ganadero.
Según la denuncia que llegó al ente acusador, C. I. Trenaco Colombia S. A. S. era la encargada de administrar la unión temporal del contrato con la FLA y de pagar al proveedor del alcohol: la italiana Silcompa S. P. A., representada por Andrea Pignagnoli.
“Se hicieron varias reclamaciones y reuniones con los denunciados Felipe de la Vega, Jéssica Montoya y Carlos Gutiérrez, quienes eran directivos y responsables de la información que presentaban de la Unión Temporal, sin encontrar respuestas satisfactorias”, le dijo Lombana a la Fiscalía.
Y agregó que, sin autorización, se hicieron operaciones de factoring para el cobro de facturas de la Unión Temporal del negocio con la FLA.
“Cerca del 70 por ciento de esos valores fueron depositados en cuentas de Trenaco para solventar problemas de caja (…). La información entregada era incompleta o falseada. Y hay un préstamo a Trenaco por 4.900 millones de pesos que no fue ni informado ni autorizado”.
Y se cita una reunión, el 4 de febrero de 2015, en la que ejecutivos de Trenaco habrían dicho que los movimientos de dinero se hicieron porque, “en julio de 2014, Gutiérrez Robayo, principal socio de Trenaco, tuvo que salir forzosamente de la empresa debido a problemas de índole político y que esto había debilitado las finanzas de la empresa debido a que el señor Gutiérrez aportaba con garantías que respaldaban las líneas de crédito de Trenaco”.
“Esto fue una millonaria y descarada apropiación de dineros de inversión extranjera y esperamos una pronta justicia”, le dijo Lombana a EL TIEMPO.
Y añadió que ante la dilación de la investigación y cambio de fiscal de conocimiento, interpuso una tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó que la Fiscalía se pronunciara.
Incluso, Lombana tuvo que presentar acción de desacato luego de tres meses de que el fallo no fue cumplido.
Hablan los denunciados
EL TIEMPO contactó telefónicamente a Felipe de la Vega, quien dijo que se encontraba fuera del país y que no conocía el caso del que se le estaba hablando.
Pero, en diálogo con EL TIEMPO, su abogado, Luis Carlos Reyes, señaló que era una vieja disputa civil que no prosperó penalmente. Y tras advertir que no han sido notificados de la audiencia de imputación, explicó que las diferencias tenían que ver con operaciones comerciales.
“Al parecer, dentro de esos movimientos tenían que darles una compensación sobre algunos negocios. La firma colombiana les ofrecía en pago materiales o bienes en Colombia que sumaban las operaciones insolutas”, explicó Reyes.
Según el abogado, el proceso “murió con ese ofrecimiento de pago, porque era una situación de carácter comercial que no tenía ninguna injerencia de tipo penal”.
También se contactó a Fernando Largacha, apoderado de Jéssica Montoya, quien dijo que el caso data de 2017, que no lo han notificado y que debe consultar si va a continuar como su apoderado dentro del proceso.
Por su parte, Iván Andrés Montoya aseguró que tampoco ha sido informado de ninguna audiencia y que desconoce el caso. Además, sugirió llamar a los directivos de C. I. Trenaco Colombia S. A. S.
Desde el 30 de junio de 2016 esa compañía entró en liquidación judicial.
Según documentos que reposan en la Superintendencia de Sociedades, en ese momento registraba activos por 41.242 millones de pesos, pasivos por 109 mil millones de pesos y un patrimonio de menos 68.034 millones pesos.
EL TIEMPO llamó a tres teléfonos de Gutiérrez Robayo que aparecen en el expediente, y alguien que contestó en uno de ellos sugirió que se le enviara un correo que al cierre de esta edición no había respondido.
En todo caso, Carlos Gutiérrez Robayo ya advirtió: “Con mi familia estamos pensando en iniciar acciones legales contra los medios y periodistas que han cometido el que consideramos un delito de injuria”.
Sin embargo, no especifica si incluye a medios en Venezuela que rastrean varios negocios que emprendió con Saab, incluido uno con la estatal petrolera PDVSA que fue anulado; y otros en los que mencionan al recién capturado Álvaro Pulido, peso por el saqueo a esa entidad.