Dos jóvenes tailandesas, acusadas del delito de lesa majestad y que retiraron su fianza para volver a prisión, cumplen este miércoles cincuenta días en una dura huelga de hambre para reclamar una reforma de la Justicia en Tailandia, donde se encarcela a activistas que piden cambios democráticos.
Orawan Phuphong, de 23 años, y Tantawan Tuatulanon, de 21 años, están ingresadas en un hospital al norte de Bangkok que desde hace días no informa de la condición de salud de las activistas quienes dejaron de ingerir líquido y alimento el 18 de enero, dos días después de regresar a la cárcel.
Ambas, imputadas por el delito de lesa majestad -penado con hasta 15 años de cárcel- por realizar en 2022 una encuesta callejera sobre los cortes de tráfico causados por la comitiva real, demandan que se reformen las draconianas condiciones que los tribunales imponen a los activistas bajo libertad provisional.
Además exigen la libertad bajo fianza para un puñado de jóvenes encarcelados de manera preventiva por diferentes delitos relacionados con las manifestaciones que desde 2020 reclaman una reforma democrática del país, e incluye a la Casa Real.
“Ellas no quieren que la gente se centre en su situación de salud, sino en su objetivo: presionar (a la justicia) para lograr cambios”, aseguró el pasado miércoles el abogado Krisadang Nutcharut, en un coloquio en el Club de Corresponsales de Bangkok.
El letrado, quien representa a ambas ante la justicia, recordó que “muchos presos se ponen en huelga de hambre para liberarse a si mismo. Mientras que Tantawan y Orawan lo hacen por otras personas, luchan por otras personas. Ellas no ganan nada. Ellas quisieron volver (a prisión) cuando ya estaban fuera”.
NUEVOS CONDENADOS
A pesar de la protesta, que ha captado la atención de medios locales e internacionales, los tribunales tailandeses mantienen su persecución contra los miembros de grupos reformistas.
Este martes, un tribunal de Bangkok condenó a dos años de cárcel por el delito de lesa majestad a una hombre acusado por parodiar al rey Vajiralongkorn en un calendario donde aparecía un pato con referencias veladas hacia el monarca.
Esta condena “muestra que las autoridades tailandesas tratan de castigar cualquier actividad que consideren insultante para la monarquía. Este caso envía un mensaje (…) de que Tailandia se aleja cada vez más de convertirse en una democracia que respeta los derechos”, indicó hoy en un comunicado Elaine Pearson, directora para Asia de Human Rights Watch.
La ley de lesa majestad, recogida en el artículo 112 del Código Penal, establece penas de entre 3 y 15 años de cárcel para quien difame, insulte o amenace al rey, la reina o el príncipe heredero, una de las leyes más draconianas del planeta en este terreno.
La oenegé Thai Lawyers for Human Rights denuncia el incremento de los casos de lesa majestad en Tailandia desde noviembre de 2020, cuando el gobierno retomó la aplicación de dicha normativa para sofocar en los tribunales al movimiento prodemocrático liderado por universitarios.
Al menos 228 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde noviembre de 2020, según TLHR, mientras que otros 1.890 -incluidos 284 menores- han sido imputados por delitos relacionados con las protestas o sus expresiones políticas.
EFE