Auge de las “casas webcam”, donde muchos venezolanos venden sexo en Colombia

REFERENCIAL: Una modelo colombiana se presenta durante una sesión de cámara web en su departamento en Bogotá. (Foto por Juan BARRETO / AFP)

 

Un estudio realizado entre población inmigrante venezolana en Colombia ha mostrado el auge de las “casas webcam” en las zonas fronterizas, donde cerca de 12.000 personas se dedican a grabarse en actividades sexuales que luego “venden” a consumidores extranjeros a través de internet.

El estudio “Sexo por supervivencia” fue presentado este lunes en Nueva York por la organización Aid for Aids, nacida en esta ciudad como grupo de apoyo a comunidades vulnerables al VIH y que suele realizar campañas de apoyo a las personas que ejercen trabajos sexuales.

En este caso, el estudio se realizó entre 2021 y 2022 por parte de la sección colombiana de la ONG, que entrevistó a 500 venezolanos que ejercen algún tipo de actividad sexual para sobrevivir, tanto heterosexuales como homosexuales y trans.

El fundador de Aid for Aids, el venezolano Jesús Aguais, explicó a EFE que la razón de que el estudio se presente en Nueva York es para alertar de que lo sucedido en territorio colombiano puede perfectamente reproducirse en esta ciudad, tras la llegada de miles de refugiados venezolanos en los pasados meses que buscan sus propias estrategias de supervivencia.

SEXO CON WEBCAMS PARA CLIENTES EXTRANJEROS

Uno de los fenómenos con mayor auge es las “casas webcam”, donde los inmigrantes practican sexo entre sí (heterosexual pero sobre todo homosexual) y acceden a ser grabados para unas páginas web con clientes mayormente estadounidenses y europeos que pagan por el minuto de conexión.

Solo en las poblaciones de Cúcuta y Villa del Rosario, cerca de la frontera con Venezuela, se encuentran entre 800 y 1.000 casas dedicadas a lo que se llama “modelaje webcam”, y en cada una de ellas trabajan grupos de 5 a 20 personas, generalmente muchachos de entre 16 y 25 años.

Esta actividad no es ilícita cuando se considera que sus participantes lo hacen de forma voluntaria, y la policía colombiana solo interviene en esas casas cuando tiene constancia de que se practica la trata o de que explota a menores de edad.

Pero la multiplicación de estos espacios ha hecho bajar los precios, y algunos de los testimonios recogidos por Aid for Aids apuntan a que están dándose cada vez más las prácticas extremas, que están mejor pagadas, como aceptar someterse a quemaduras de vela, latigazos e incluso ingesta de heces o vómitos.

Curiosamente, la gestión de estas casas es muchas veces familiar o entre un grupo de amigos, y quienes participan en esas actividades “no asocian el intercambio de sexo por dinero como una forma de explotación por parte de un tercero, sino como un modo de obtener recursos de subsistencia”, reza el informe.

DESINFORMACIÓN Y COACCIÓN

El segundo espacio donde más se ejerce el sexo de supervivencia se asemeja más a la prostitución clásica: son casi siempre mujeres o transexuales que tras haber intentado una actividad como vendedoras ambulantes o en salones de belleza a cambio de salarios muy bajos, reciben un día en la calle una propuesta sexual mucho mejor pagada y luego no logran salir de ahí.

El estudio recoge cuatro razones que empujan a estas personas al comercio sexual: ausencia de documentos que permitan un trabajo legal, carencia de ofertas de empleo por razones de xenofobia, falta de instituciones de inserción laboral y carencia de informaciones claras sobre medios de asistencia social.

De hecho, muchos de los encuestados creen que carecen de los derechos más elementales solo por ser inmigrantes ilegales, y por ello no se atreven a denunciar cuando entran en situaciones de dominación, caen en poder de mafias o son maltratados por algún cliente.

No ayuda tampoco la actitud de la policía colombiana, que practica “el acoso, la persecución y la violación de los derechos” según numerosos testimonios de los entrevistados, llegando incluso a la violación cuando hacen una redada entre trabajadoras del sexo.

Además, un 14 % de las entrevistadas (en este caso mujeres) dicen que los distintos funcionarios de migración o del orden público les han forzado a mantener relaciones sexuales, o practicarles sexo oral, a cambio de ofrecer un servicio al que tienen derecho.

Del total de inmigrantes encuestados, la cantidad media de personas con las que han mantenido una relación sexual es de 16, y una cuarta parte de ellos reconoce haber practicado sexo sin preservativo, con el consiguiente peligro de enfermedades de transmisión sexual.

EFE