Dentro de la política contra el crimen organizado y el narcotráfico, una de las herramientas más importantes es la lucha contra las finanzas criminales. Esto incluye el esfuerzo que hacen autoridades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ubicar, incautar y extinguir el dominio de los bienes que son producto de la actividad delictiva de las organizaciones criminales, y proceder a su venta o destinación para contribuir al financiamiento de la lucha contra el delito y desplegar políticas para la prevención del narcotráfico y el narcoconsumo.
Como el proceso jurídico de la extinción del dominio de un narcobién tarda años (¡hasta 30 años!), técnicamente mientras este proceso culmina, el Estado termina siendo el cuidador de una cantidad de activos que no le pertenecen, y debe mantenerlos productivos y buscar que no pierdan su valor, siendo legalmente responsable si estos se pierden o se desvalorizan y, sobre todo, si el proceso de extinción de dominio no es exitoso y hay que devolverle el bien al dueño original.
Una vez se produce la extinción de dominio del bien en favor de Estado, este se vuelve dueño y puede y debe proceder a la monetización (venta) del mismo, o a su destinación para algún uso en particular por parte de una entidad pública. El dinero resultante de la venta, o el uso que termine dándole el destinatario al bien, debe redundar en el fortalecimiento contra la lucha contra el crimen y la prevención o atención del problema del narcoconsumo.
Suena fácil. Además de la dificultad y la carga que representa para el Estado administrar y cuidar hoteles, fincas, apartamentos, yates, aviones, carros, semovientes, joyas y sociedades que se cuentan por decenas de miles, en nuestro país creemos que “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”, y eso les da a muchos el derecho de ponerles las manos encima a estas narcofortunas para beneficio propio o de terceros. Los mismos narcos, y sus ejércitos de abogados y testaferros, se resisten a perder lo que más les gusta: la plata. La capacidad de corrupción de las organizaciones criminales, y la corrupción endémica del Estado, son los ‘narcomales’ que hacen que este tema siga siendo problemático.
Sin embargo, mucho ha cambiado desde que la función de la administración y monetización de los narcobienes pasó de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Mientras la DNE era una entidad de segunda clase manejada en sus peores épocas por cuotas políticas al servicio de la repartija, con una capacidad institucional inferior a la dimensión de la tarea que debía cumplir, la SAE es una entidad especializada, con criterio y régimen jurídico de derecho privado, y que tiene dentro de su diseño institucional las capacidades, pero sobre todo los procesos y controles para tratar de lograr que los narcobienes tengan una adecuada administración, y no se los roben.
La ley también ha mejorado, pues ahora en algunos casos se permite la venta anticipada de los bienes incautados aun antes de que se dé la extinción de dominio, con la obligación de devolver el dinero al dueño original si el proceso de extinción no es exitoso para el Estado. Esto exime al Estado de la administración del narcobién durante los años que dura el proceso, y le permite disponer de la plata producto de su venta.
Algunos corruptos y los testaferros de los narcos no se resignan y continúan tratando de meterle mano al proceso y aprovecharse de las fortunas del crimen, y no estamos exentos de que el Gobierno se equivoque y nombre en la SAE a funcionarios que se puedan corromper. Pero a diferencia de lo que pasaba en la DNE, la SAE cuenta con procesos y controles para cumplir con su función y evitar que se roben los bienes incautados a los criminales. El inventario de los bienes, su ubicación y su integridad siempre serán temas en los que se pueden exigir mejoras. En esto se arrastra todavía algo del desmadre de la DNE.
El actual gobierno seguro tiene buenas intenciones al anunciar que los bienes en poder de la SAE pueden tener usos y destinos con los que se podrían atender muchas necesidades y expectativas de quienes eligieron a Gustavo Petro como Presidente. Es justo que semejante fortuna se use para cerrar las brechas sociales. Sin embargo, el Presidente entenderá también que todo esto solo se puede lograr cumpliendo las leyes que rigen la extinción del dominio, y la administración y disposición de los bienes, o modificándola. Que no nos pase que por poner de presente las oportunidades de mejora se cree una cortina de humo que termine desmontando el sistema de procesos y controles que se han implementado en el tránsito de la DNE a la SAE. Ah, y si la FIscalía General de la Nación va a crear una mesa de trabajo, podría avanzar con muchas de las denuncias que se quedaron engavetadas desde que estalló el escándalo de la DNE en 2010.
JUAN CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA