El régimen de Nicolás Maduro promulgó a mediados de este año la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con la cual se crearon regímenes fiscales y tributarios extraordinarios para cinco regiones de Venezuela en las que el chavismo quiere potenciar la inversión extranjera y fomentar el desarrollo local a través del turismo.
Por María de Los Ángeles Graterol / talcualdigital.com
La propuesta no es innovadora, pues en el mundo, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) , existen 5.400 ZEE. Sin embargo, en un país como el nuestro —catalogado por el Banco Mundial como el peor de Latinoamérica para invertir debido a la inseguridad jurídica y política— poner en práctica este modelo, que para el economista Manuel Sutherland implica la «libre explotación de recursos humanos y naturales«,, podría generar más problemas ambientales y nidos para la corrupción que beneficios económicos; sobre todo por los «fuertes incentivos para la evasión y elusión fiscal, alicientes al lavado de activos y a la corrupción con grupos ‘privilegiados’ con acceso a zonas con grandes posibilidades de extracción de recursos naturales».
En las últimas semanas la isla La Tortuga, ahora una ZEE y , ha sido centro de debate para los ambientalistas venezolanos debido a que, por los anuncios del viceministro de economía productiva, Héctor Silva, el proyecto de desarrollo económico en el archipiélago, tal y como está concebido hasta el momento, podría significar una devastación ambiental, siendo que, en un plazo de 10 meses, el gobierno chavista espera construir «10 resorts de alto nivel (…) un aeropuerto internacional y un puerto que va a ser destino de los cruceros que transitan por todo el Caribe», reseñó la página del ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Francisco Javier Velasco, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, señaló que ejecutar una obra de esa envergadura en un área de tanta importancia ecológica y en un contexto como el actual —marcado por el cambio climático y la reducción de la biodiversidad en los ecosistemas del mundo— pondría en riesgo a muchas especies.
«Es una irresponsabilidad lanzarse con un proyecto a gran escala de turismo depredador en un modelo desarrollista (…) Desde hace tiempo hay tortugas marinas en la isla y también la construcción del terminal aéreo sería devastador para las aves migratoria, que morirían en masa o dejarían de llegar», advirtió el activista ambiental.
Esta isla y sus cayos aledaños, de acuerdo con un boletín del Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad del Zulia, son sitios de pernocta para pájaros de paso provenientes del Neoartico, una ecozona que cubre parte de Norteamérica y Groelandia, especialmente de las aves limícolas charadriiformes, de las cuales se identificaron 11 especies en ese territorio venezolano, todas protegidas por la Red Hemisférica de Aves Playeras, de la cual Venezuela es firmante.