Los demócratas en el Congreso norteamericano están haciendo sonar la alarma sobre lo que afirman es evidencia creciente de que el fiscal jefe de México, un socio vital de las fuerzas del orden de EEUU, está atacando al poder judicial independiente de la nación y seleccionando selectivamente para enjuiciar a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
En una carta ásperamente redactada, enviada el miércoles al Secretario de Estado Antony Blinken y al Fiscal General Merrick Garland, el Senador Bob Menéndez, poderoso presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y tres colegas más, pidieron a la administración de Joe Biden que plantee sus preocupaciones directamente a sus contrapartes mexicanas.
“El mandato de López Obrador ha estado marcado por un patrón cada vez mayor de juicios aparentemente selectivos dirigidos desproporcionadamente a los críticos del gobierno”, según la carta, de la cual The Associated Press obtuvo una copia. “Los esfuerzos del presidente López Obrador para promover iniciativas legítimas de rendición de cuentas deben fortalecer, no desmantelar, las instituciones democráticas y el estado de derecho”.
La carta, que seguramente despertará la ira de López Obrador y sus aliados, se centra en una serie de acciones cuestionables y lo que consideran “vendettas personales” perseguidas por el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
El principal fiscal, un aliado cercano del presidente izquierdista, llamó la atención de los funcionarios estadounidenses por primera vez después de que la administración de Donald Trump descartara los cargos por narcóticos criminales contra el exministro de Defensa Salvador Cienfuegos y lo devolviera a México con la promesa de que sería investigado en casa.
Pero la investigación contra Cienfuegos se cerró rápidamente y Gertz Manero luego amenazó con presentar sus propios cargos contra los fiscales estadounidenses acostumbrados a trabajar mano a mano con las fuerzas del orden público mexicanas para desmantelar los poderosos cárteles del país.
“Le instamos a considerar seriamente el riesgo de un sistema de justicia debilitado y politizado en México”, según la carta, cuyos firmantes incluyen al senador de Vermont Patrick Leahy, presidente del comité de asignaciones presupuestarias, y los senadores Benjamin Cardin de Maryland y Jeffrey Merkley de Oregón.
López Obrador fue elegido en 2018 con la promesa de acabar con la política notoriamente corrupta de México y le gusta promocionar su compromiso con la austeridad tomando vuelos comerciales y viviendo en un apartamento modesto en lugar de la lujosa residencia presidencial.
Pero los críticos dicen que tales movimientos son trucos populistas y distraen la atención de una preocupante acumulación de poder, el incumplimiento de las promesas de campaña y los repetidos ataques a los opositores que socavan el estado de derecho en el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos. Este domingo, se espera que sus seguidores le den otro impulso cuando se dirijan a las urnas para un referéndum único en su tipo sobre si se le debe permitir terminar su mandato de seis años, algo que nunca ha estado en duda y que muchos ven como un espectáculo secundario.
En su carta, los demócratas culpan a López Obrador por atacar públicamente a un juez que falló en contra de sus políticas energéticas, impulsando un plan aparentemente inconstitucional para extender el mandato de un presidente de la Corte Suprema simpatizante y pidiendo la renuncia del máximo tribunal electoral de México.
También plantean preocupaciones sobre los cargos penales presentados contra Ricardo Anaya, un destacado opositor de López Obrador.
Anaya, quien terminó segundo en las elecciones presidenciales de 2018, fue acusado el año pasado de lavado de dinero en relación con un supuesto soborno que recibió a cambio de su apoyo a un proyecto de ley de reforma energética. Los cargos se basan en el testimonio del exdirector de la petrolera estatal mexicana, quien afirma que, siguiendo las instrucciones del predecesor de López Obrador, pagó a los legisladores, incluidos 525.000 dólares a Anaya, para que votaran por la reforma.
Algunos han cuestionado la solidez de las pruebas, dado que el presunto soborno se pagó meses después de aprobada la reforma, cuando Anaya ya había dejado el cargo. Desde entonces, Anaya huyó de México y vive en los EEUU.
López Obrador ha desestimado las afirmaciones de ajuste de cuentas en Anaya y otros casos como “mentiras” y “falsedades” promovidas por opositores para debilitar su gobierno.
No hubo respuesta inmediata ni de él ni de la oficina del fiscal general cuando AP les envió una copia de la carta.
Bajo el liderazgo de Gertz Manero, la fiscalía mexicana tampoco ha investigado seriamente a los aliados del presidente, según la carta. Estos incluyen denuncias de lavado de dinero y violaciones de la ley financiera contra el hermano del presidente, quien fue captado en video recibiendo dinero en efectivo de un partidario de la campaña. López Obrador ha defendido las contribuciones como legítimas.
Los demócratas también acusan a Gertz Manero de presionar por asuntos personales mientras estuvo en el cargo.
Estos incluyen tratar de encerrar a 31 científicos en una prisión de máxima seguridad porque afirma que recibieron indebidamente alrededor de 2,5 millones de dólares en fondos del gobierno hace años. Las leyes en ese momento permitían tal financiación, y los investigadores dicen que no se malgastó. Los críticos dicen que los cargos son una venganza por la negativa de los investigadores a reconocer las credenciales académicas de Gertz Manero.
También se puede escuchar al fiscal general en una grabación filtrada recientemente de una conversación con un colega maldiciendo a un juez de la Corte Suprema. En la grabación, Gertz Manero afirma que el juez no atenderá las demandas de que el tribunal superior mantenga en la cárcel a una sobrina a la que culpa por la muerte de su hermano mayor, quien murió mientras estaba bajo su cuidado.
Gertz Manero ha reconocido haber obtenido una copia anticipada de un dictamen propuesto por la Corte Suprema que recomendaba la liberación del pariente, algo que a muchos les pareció un posible conflicto de intereses.
Pero afirma que recibió el fallo judicial porque estaba actuando en el caso como familiar del fallecido, no como fiscal general.