El sin sentido dictatorial, anticonstitucional y de violacion de los DDHH de los gobiernos de Chavez y Maduro en relación a la violación de la propiedad privada con la arbitrariedad de las supuestas “expropiaciones” tiene unas consecuencias de acumulación de deuda impresionantes, amén de otras consecuencias.
Coloco “expropiaciones” entre comillas porque debemos aclarar que estas en Venezuela deben garantizar un proceso judicial por interés público con indemnización justa, cosa que no aplica en este caso, por lo que más exactamente debemos denominar a esos actos ejecutados como “confiscaciones”.
Según un interesante estudio preparado por Cedice los montos, demostrados con condenas en mano, que “hasta los momentos Venezuela y PDVSA deben pagar a los acreedores arbitrales, así como los costos asociados a
los procedimientos arbitrales asciende a USD 21.299.562.949,05, representando alrededor del 14% de la deuda externa venezolana”.
Entendiendo que aún quedan muchas empresas en arbitraje y muchas más que no están en ese proceso o no lo demandaron.
Además, pareciera que la interesada forma en que el régimen de Maduro ha comenzado a devolver algunos de estos bienes (ver caso Sambil) refiere a una negociación rastrera que denota indicios de vileza y seguramente bordada con chantajes, dejando el sin sabor de una cultura anti ética que podría enmarcar este tipo de “negocios” en cuadros turbios, imprecisos y hasta inestables.
Habrá que esperar por conocer una supuesta lista de otras empresas por devolver, que a primeras luces muestra, afortunadamente, alguna dosis de justicia en el ambiente para sus beneficiarios, claro que si. Aquellos que nunca debieron ser “expropiados” o mejor dicho confiscados o robados, y menos de la forma en que fueron tratados y hasta humillados en infelices actos llenos de arrogancia populista, politiquería barata y sobre todo autoritarismo.
Sin referirnos a aquellos que no aparecerán en ninguna lista porque no han tenido la suerte o la astucia de otros, la bajeza o la altura de otros más, o dígame de aquellos que como Franklin Brito dejaron o “hicieron” morir en el camino de su búsqueda por hacer justicia para la devolución de sus bienes confiscados.
Sabemos que en estos estrafalarios contextos siempre se asomarán algunos peros e interrogantes como, ¿en qué condiciones físicas estarán esos bienes después de tantos años?, los amigos del presidente de turno a quienes le confiaron la responsabilidad de administrar esas empresas exitosas y las quebraron, ¿qué se hicieron?, ¿ qué se hizo con el dinero que se extrajo de alguna producción o venta?, ¿y los costosos equipos que allí habían, se los robaron, los vendieron?, ¿quedará algún lápiz por ahí?, ¿habrá castigo o solo premios, como hasta ahora?, ¿habrá justa indemnización a los expropiados? Todos suponemos obviamente que no. ¿Nos quedamos callados como… aquí no ha pasado nada, y seguimos o abrimos esa caja de Pandora?.
Esto necesariamente traerá mucha tela que cortar, empezando por ¿Cómo queda la propiedad privada en Venezuela?. Una tarea por resolver y garantizar en la nueva Venezuela por venir y que ojalá no tarde en llegar.