Puede lucir redundante afirmar que Venezuela vive una grave crisis múltiple, de destrucción económica, social, institucional, moral, de anomia, ausencia de seguridad ciudadana y de orden público, como no sea la represión política, de vacío en la defensa de la soberanía nacional, y de control del país por parte de estructuras mafiosas y narco criminales, en manos de las cuales se ha entregado el régimen gobernante, a cambio de su apoyo. Cuando se vive en el extranjero es una tarea difícil explicar a seres pensantes de otras latitudes, cómo ha sido posible que la otrora “tierra de gracia” y país de oportunidades, haya sido llevado al estado de degradación, de siembra de antivalores y fanatismos totalitarios y, al final del camino, al estado de miseria en el cual se encuentra sumido. Ello, ante un total desdén del régimen gobernante ante las penurias que sufre un pueblo hundido en la miseria, y que se ha visto catapultado a un éxodo sin precedentes en la historia de la región, equiparable en número al caso de Siria, país envuelto en una cruenta guerra prolongada por más de 10 años.
Pero, más allá de estas afirmaciones, que corroboran cómo ningún régimen de izquierda radical ha tenido éxito en el mundo, concretémonos a evaluar los resultados de la Encuesta ENCOVI 2021 (Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida), producida desde 2014 por un calificado grupo de investigadores de la Universidad Católica “Andrés Bello” de Caracas, mi inolvidable “Alma Mater”, levantada entre febrero y abril del presente año. Han sido siete las mediciones realizadas, las cuales analizan la evolución y tendencias en aspectos como el desempleo, seguridad social, vivienda, pobreza, alimentación y seguridad ciudadana. La encuesta anterior 2019-2020, ponía ya de relieve el profundo deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, hasta ubicar al país en el triste ranking de las naciones más pobres y atrasadas del planeta.
Pues bien, la encuesta 2021 evalúa la pérdida de institucionalidad ocurrida en Venezuela a partir de la llegada al poder del régimen chavista, la aprobación de la Constitución de 1999, y la incapacidad del Estado para atender problemas en todos los órdenes, conduciendo a altos niveles de pobreza y desigualdad, generadoras de gran desesperanza y escepticismo sobre el futuro. Ello por la notable reducción del tamaño de la economía, ya que el PIB se ha contraído en 74% entre 2014 y 2020 a raíz del colapso de la renta petrolera, la hiperinflación, la reducción de las fuentes de empleo y la destrucción del poder de compra de los venezolanos, amén de las restricciones a la movilidad derivadas del fuerte confinamiento COVID, y la crisis de combustibles en el mercado interno.
Destaca la encuesta que el crecimiento demográfico ha sido negativo en -1.1% en el último quinquenio debido a la fuerte emigración, junto al deterioro en la esperanza de vida, pues los pronósticos preveían 83 años de vida para el 2050, y se ubica en solo 76 años en la actualidad. El fenómeno migratorio ha contribuido a la formación de unidades familiares trasnacionales localizadas en los lugares de origen y destino, con una clara transversalización del espectro social. Tres de cada cinco emigrantes envían dinero a sus hogares de origen, un paliativo a las familias en Venezuela, aunque el nivel de informalidad, irregularidad y desempleo de los emigrantes es elevado.
En materia educativa, la cobertura en alumnos de entre 3 y 24 años ha seguido en descenso hasta un 65%, es decir, menos estudiantes inscritos y más escuelas cerradas, lo cual es grave en la población infantil, pues allí se sientan las bases del proceso formativo. A la par, ha disminuido el acceso a la educación superior, con negativas implicaciones futuras, pues la exclusión educativa refuerza las inequidades. A la vez, los hogares más pobres están limitados para acceder a tecnologías para el aprendizaje a distancia (un 78% de ellos cuenta solo con un celular con conexión a Internet).
De otra parte, la encuesta revela que el programa de alimentación escolar cubre solo el 19% de la población escolarizada, con una caída de 4,5 millones a 1,3 millones de alumnos. A ello se suma que de la población menor de 5 años que intentó acceder a servicios de salud, un 39% no recibió atención porque en el hogar le fue suministrada alguna medicación o por falta de dinero. En materia de empleo, la encuesta muestra la grave falta de oportunidades de trabajo existentes, con muchas formas de desempleo encubierto y gran destrucción del empleo público y privado, causantes de un aumento de 20% en los trabajadores por cuenta propia, que sólo el 40% de los ocupados estén ocupados formalmente, y que apenas un tercio de las mujeres estén económicamente activas. El empleo formal se ha reducido en 21,8%, mientras la población económicamente inactiva ha crecido a partir de 2018 por la reducción de la demanda de empleo y por la destrucción de oportunidades económicas. Aunque del desempleo abierto aparece en cifras bajas, las formas diversas de subempleo y de desempleo desalentado alcanzan el 38,4%.
Los índices de pobreza han ido en aumento a partir de 2013, llegando a un 94,5% en 2021, con un alarmante nivel del 76,6% de pobreza extrema, contra un 20% en este último dato en 1999. La crisis de movilidad (combustibles) contribuyó al repunte de la pobreza extrema, afectando de manera especial las ocupaciones de los menos favorecidos. Estas cifras colocan a Venezuela en el rango de los países más pobres de América Latina y del África subsahariana, con un alcance multidimensional del 65,2%, que comprende un enfoque integral los aspectos de educación, vivienda, empleo, servicios e ingresos. El promedio per cápita de ingresos es hoy de 30 dólares por venezolano al mes, es decir 1 dólar por persona al día. En el índice de desigualdad (coeficiente de Gini 2021), Venezuela es el país más desigual de América, con 56.7, empeorando el nivel registrado en 2019, de 49.5.
El 86% de los encuestados dice recibir las cajas CLAP (alimentos), a los cual se han limitado esencialmente las misiones asistencialistas. El requisito de poseer el Carnet de la Patria se mantiene para obtener las cajas o cualquier bono o beneficio, incluyendo el subsidio a la gasolina, y hasta la aplicación de las vacunas del COVID. Los programas asistenciales no logran atenuar la pobreza extrema, pues según la encuesta se necesitarían 38 veces más de transferencias para sacar a los hogares de la pobreza extrema, aunque, está claro, bajo una figura improductiva. La inseguridad alimentaria es grave. La de carácter severo sube en 2021 al 24,5%, la leve al 34,5%, en tanto que la moderada desciende a 35,2%. Todos los estratos sociales redujeron su gasto en alimentos, pero fue el estrato más pobre el que más lo disminuyó (13,3%), siendo la población infantil la más afectada, con terribles consecuencias futuras, pues es el germen de una generación perdida.
Las cifras y análisis de la encuesta, de la cual citamos apenas algunos aspectos resaltantes, evidencian una situación económica y social que sería equivalente al exterminio de un pueblo, lo cual justificaría una operación de salvamento internacional. Sorprende cómo la exsenadora Piedad Córdoba, ficha del régimen venezolano, se haya atrevido a expresar que el hambre en Venezuela es puro cuento. Habría que pedirle que no se reúna solo con los saqueadores del país, ni visite los “bodegones” donde se proveen los poseedores de abundantes dólares, sino que analice bien esta encuesta y recorra barrios pobres para ver a gente miserable, escarbando en la basura para comer.