El lunes 16 de agosto, de esta misma semana, se produjo en Miami, la aprehensión del venezolano, Jorge Nóbrega.
La Corte del Distrito Sureste de Florida, EE. UU. (Caso: 1:21-mj-03590-JB) consideró ha lugar su prisión preventiva por: 1º) Conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, sus siglas en inglés así como las Ordenes Ejecutivas de Sanciones contra Venezuela (Sección 18 § 1.705 del Código Federal de EE. UU); 2º) Conspiración, con colmada intención, para legitimar capitales (Sección 18 § 1956 (h) del mismo Código) y 3º) Tres violaciones consumadas, igualmente, de legitimación de capitales (Sección 18 § 1956 (a) (2) A). El escenario de este nuevo expolio habría sido Pdvsa, en entramado con el Ministerio de la Defensa. En el dramatis personae, se repiten en los autos judiciales, los nombres del Ministro de la Defensa, del Comandante General de la Aviación y de dos generalotes más autores las estocadas postreras a nuestra otrora eficiente industria de los hidrocarburos.
Las posibles condenas consisten en multas que podrían escalar hasta un máximo de USD 33 millones y tres penas de 20 años de prisión, contra Nóbrega, por cada cargo.
En los últimos 90 días, esa ha sido una de las cuatro aperturas de procesos sancionatorios ante las autoridades judiciales o administrativas, de EE. UU., para castigar posibles ilícitos internacionales de corrupción irradiados desde Venezuela.
La segunda acusación judicial, en el lapso indicado, ha sido la que incrimina al venezolano-sirio-estadounidense, Naman Wakil, por otro asunto de supuesto blanqueo de USD 350 millones. El dinero sucio, provendría del sobreprecio en la adquisición de alimentos de parte del desgobierno del Nicolás Maduro. Entre sus principales involucrados, figuran este último y el generalote Carlos Osorio, exministro de Alimentación (alimentación de su bolsillo) quien en la actualidad comparte horario, entre la presidencia de la corporación que depreda nuestro Arco Minero y como shamán que se desdobla, en Simón Bolívar, el “Negro Felipe”, “La Mula Maniá” o el mismísimo Hugo Chávez, en línea directa desde la Quinta Paila, según el carburante de la “kurda” o de la “trona” agarre el iluminado. El más fervoroso creyente en semejantes supercherías es, precisamente, el jefe del superchero.
El tercer proceso de tal retahíla, cursa ante la Corte Sur del estado de Nueva York. Figura como acusado, Carlos Orense Azócar (a) “El Gordo”, capturado en un hotelito “BB” (Bed and Breakfast, Cama y Desayuno, en español) en Casalvieri, Italia, que le servía de escondrijo. Se le señala de haber dirigido las rutas de cocaína, aéreas, terrestres, marinas y hasta submarinas, desde Venezuela, con destino a EE. UU., con toques técnicos en República Dominicana. Sus compinches, habrían sido “El Pollo” Carvajal, Walid Makled, Tarek El Aisami, por señalar algunos de los más renombrados. Orense, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua, si llega a concretarse su extradición y comparecencia ante la Justicia norteamericana.
Cierra la lista de denunciantes, Armando Arratia, presidente de COPEI, Partido Popular, en EE. UU., quien acudió ante el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, (US Immigration and Citizenship) a exigir sanciones contra Fernando Antonio Cruz o “Bonny Cepeda” como se le conoce en el medio artístico. El músico podría ser declarado “extranjero indeseable” con la consiguiente revocatoria de su visa de EE. UU.. El hipotético, quebrantamiento de la Ley de poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA., le supondría cárcel no mayor de 20 años. Haber animado no uno, sino dos bailes o francachelas pagadas con cargo al Erario Nacional o quizás con billetes sobre billetes por el propio anfitrión no es pecata minuta. Cuál de los dos supuestos es más grave que el otro, no deja de desconcertar.
Los epicentros, de tales ilícitos se produjeron en Venezuela. No obstante su gravedad -gravísimos los tres primeros- las autoridades locales, no han movido ni moverán, un solo músculo de sus abotargados rostros para castigar a sus posibles autores. Si tal inacción no evidencia la protección del crímen internacional organizado, como política de Estado del régimen de Maduro, que venga alguien y nos lo cuente. Menos mal, que por infracciones de semejante calado, existe en EE. UU la posibilidad de castigo a los culpables.
El caso contra el comerciante, Nóbrega, habría sido abierto por el trámite de delaciones premiadas. Quiere decir, que el informante confidencial, aludido repetidas veces en las actas judiciales, pudo actuar como detonante. El supuesto perpetrador le habría pedido prefabricar documentos con la finalidad de legitimar dinero proveniente de la corrupción. En su lugar, el candidato a cooperador lo denunció ante las autoridades. Ahora, su delación podría representarle una jugosa recompensa. Tales pueden ser las modalidades de los casos, segundo y tercero en el orden de la presente crónica.
Denunciar en EE. UU. o en cualquier otro país, a quienes han saqueado Venezuela es hacer patria. Además, en algunas circunstancias, puede resultar muy lucrativo.
¿Y usted? Si posee información o pruebas contundentes ¿Qué espera?
@omarestacio