“Roland Carreño es uno de lo más de 300 presos políticos que hoy se encuentran detenidos arbitrariamente, a la espera de juicio, en situaciones inhumanas y degradantes, que podría estar en riesgo de ser trasladado a unas prisiones controladas por el hampa, donde para comer y sobrevivir tienes que pagarle a los reos sin garantías de vida. Trasladar a un preso de conciencia a cárceles comunes como Yare II, Yare III o a Rodeo II significa sentenciar la vida de una persona cuyo único delito es exigir la libertad de su país y el restablecimiento de los derechos de su gente”, así lo aseguró el Director de Despacho de la Presidencia Encargada, Luis Somaza.
Por Presidencia VE
Asimismo, condenó el hecho de que “las prisiones a nivel nacional se encuentran en una grave situación de insalubridad, donde los presos mueren por el contagio de enfermedades y por la ausencia de atención médica”.
En este sentido, el dirigente político también resaltó el hecho de que “los reclusos también se mueren de desnutrición, cualquiera que pise una cárcel o vea los videos se da cuenta de que Maduro tiene esos espacios como unos mataderos, les dan de comer pasta sola o granos solos, violando el derecho a la alimentación de quienes allí se encuentran”.
“Cuando desde el Gobierno Encargado y la legítima Asamblea Nacional se denuncia que Maduro y sus funcionarios son criminales de lesa humanidad se hace con bases, la comunidad internacional hoy reconoce nuestra situación porque ya la dictadura no puede esconder la tortura y el abuso a los venezolanos. Lo mismo que come un preso, lo come un niño en el JM de los Ríos, pasta sola o granos solos, ese es el legado de la revolución: la injusticia, la impunidad, el hambre y la muerte”, enfatizó.
Es preciso recordar que, el llamado a la comunidad internacional y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre esta situación, fue generada por los diputados de la legítima Asamblea Nacional y por el presidente Juan Guaidó tras publicarse la medida en la Gaceta Oficial Número 42.125, donde se establece que el usurpado Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz tiene 30 días, partiendo del 12 de mayo, para trasladar a los presos políticos venezolanos a las cárceles a cargo de Servicios Penitenciarios.
“Esta nueva violación a los derechos humanos es una muestra del carácter criminal de una dictadura que castiga al que piensa diferente de la misma forma que a un asesino, con la diferencia, de que Maduro financia se beneficia del terrorismo y del hampa común mientras se enfoca en asesinar a la libertad de expresión, a los actores democráticos y a los venezolanos” finalizó Somaza.