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Concursos que parecen supervisados pero resueltos después de la firma del supuesto supervisor. Empresas que se repiten entre los aspirantes, que resultan ser del mismo dueño y que se van presentando o retirando a discreción.
Plazos de presentación de ofertas que se alargan en el último momento sin que todos los llamados a participar sean informados. Sobres que se abren, se miran y se vuelven a cerrar y aquí no ha pasado nada. Así, hasta 2.092 millones de dólares (unos 1.720 millones de euros) en contratos públicos.
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