Un año después de que un capitán de un barco petrolero murió a manos de militares venezolanos, su viuda dijo que aún no puede reclamar su pensión para mantener a sus dos hijos, ya que el gobierno se niega a autenticar su certificado de defunción.
Jaime Herrera, de 59 años, murió baleado a bordo del petrolero en febrero de 2020 por oficiales que tenían la misión de vigilar a la tripulación, según una investigación de Reuters publicada el año pasado que destacó su muerte como un ejemplo de la anarquía de Venezuela.
Ahora, la esposa de Herrera, Claudia Fortich, dice que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia la ha dejado en un desesperante limbo sin el derecho legal de acceder a sus ahorros.
El gobierno de Venezuela ha rechazado las solicitudes que envió para obtener el documento requerido, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le dijo en un correo electrónico que era “imposible” ayudarla.
“Aunque claramente nada podría ser suficiente para recuperar a mi marido, me siento revictimizada por el gobierno venezolano porque además del asesinato de mi marido, la imposibilidad de obtener la apostilla no me ha permitido seguir adelante con mi vida”, dijo Fortich a Reuters.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que el caso de Fortich era un asunto de las autoridades venezolanas. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios.
Herrera capitaneó el petrolero San Ramón en un viaje al puerto venezolano de Puerto La Cruz, en el noreste de Venezuela, donde pretendía subir un cargamento de diesel. Al llegar, militares venezolanos se apoderaron del barco después de que Herrera se negó a pagarles un soborno, dijeron miembros de la tripulación a Reuters.
Durante seis meses, la tripulación estuvo prisionera a bordo. Luego, una noche de febrero, soldados enmascarados asaltaron el barco, robaron objetos de valor y dispararon a Herrera. Posteriormente, un tribunal venezolano ordenó el arresto de siete uniformados por cargos que incluyen asesinato.
La muerte de Herrera dejó a Fortich en la ciudad colombiana de Cartagena cuidando a sus dos hijos pequeños, uno de los cuales ha sido diagnosticado con autismo y necesita su atención a tiempo completo, lo que le impide trabajar. Fortich dijo que sin los ahorros de Herrera, guardados en el fondo de pensiones colombiano Porvenir, podría perder su casa.
Para permitirle el acceso, Porvenir requirió un certificado de defunción autenticado, que Fortich pidió al Registro Civil Nacional de Colombia. El registro le dijo que como Herrera murió en Venezuela, el certificado tenía que ser autentificado ahí. Pero las autoridades venezolanas la ignoraron, dijo.
Presentó una demanda contra Porvenir, el registro civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para obtener una exención, pero en octubre un juez falló en su contra y dijo que debería continuar buscando el documento en Venezuela.
Porvenir dijo en un comunicado que una vez que Fortich “cuente con la documentación requerida, Porvenir dará de manera prioritaria atención a su caso”. El registro civil no respondió a un correo electrónico.
Fortich dijo que una de las pocas opciones que le quedan es pedir a las autoridades colombianas que declaren a Herrera muerto en ausencia, a pesar de que ella fue testigo de su entierro.
“A pesar de que el cuerpo de mi marido se encuentra sepultado en Cartagena”, dijo Fortich, “no puedo demostrar su fallecimiento”. Reuters
