El país laboral, especialmente el público, sigue estremecido por la situación económica generada por Nicolás Maduro y sus compinches para postrarnos a todos en este estado colectivo de necesidad. Vivimos una depauperación provocada. Para que, además, nos veamos en la miserable situación de agradecerles a quienes detentan el poder sus dádivas empacadas en bolsitas de kilos de arroz o en bonos arrastradores.
¿Cómo quedan los derechos humanos en esta situación? Igualmente pretéridos. Los informes de la ONU resultan abundosos en algunos de ellos. Otros se descuidan, tal vez porque son muchas y muy continuas las violaciones. El derecho a la vida no se trata, por ejemplo, de que no te maten las FAES. Se trata también de que la desesperante falta de alimentos, la extrema necesidad material, no te lleve al suicidio. Hay un derecho a vivir. Se trata de una vida digna, de vivir con recursos para hacerlo, aportados por el trabajo decente, para uno y su familia. Por eso, entre los derechos humanos está el libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo se desarrolla ésta con límites impuestos por el poder para todo?
El tema laboral está recogido entre los derechos humanos al señalarse la garantía del trabajo y la obligación de trabajar, pero con remuneración que cubra las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, recreación y aquellos estados que no puedan sostener mediante el trabajo la vida digna de sus pobladores pueden recurrir a la indispensable ayuda internacional.
Venezuela garantiza el funcionamiento del poder electoral. Pero no el derecho a la vida. No los derechos al trabajo y a la dignidad humana, no el libre desarrollo de la personalidad. La ONU debe ampliar sus alcances y profundizar también es estas sistemáticas y generalizadas violaciones.
Los universitarios debemos, tenemos la obligación irrenunciable de oponernos con ahínco a estas sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos, no porque lo diga o no la ONU. Por eso, y más cuando esta semana conmemoramos el decreto del democrático Edgard Sanabria por la Autonomía Universitaria, considero que las autoridades rectorales deben ponerse a tono firme con la evitación de la vulneración de esos derechos. Aceptar ese maltrato a la vida de profesores, empleados y obreros, los convertiría en cómplices y a ellos mismos en coautores de semejante tropelía. Tremenda encrucijada. Obligante. ¿No lo han pensado? Son las autoridades los patronos. Llamar a clases ignorando las condiciones, ignorando la dignidad humana, es atropellar derechos de miles de afectados. ¿Son cómplices o perpetradores a conciencia, o por inercia?
La USB hace un llamado oficial que repudiamos para el 18 de enero y así tantas otras. El rector Mario Bonuci de la ULA expresa en un tuit que hay que ir a clases y mantener abierta la universidad (¿Quién la ha cerrado? La universidad debe seguir abierta) para poder protestar. ¿Protestas con supuestas clases virtuales? ¿Protestas virtuales absurdas en medio de absurdas clases virtuales? ¿Quiénes protestaron con universidades en funcionamiento?
El momento de las definiciones, como en aquellos años 1957 y 58, está cerca. La universidad debe proteger y luchar porque se protejan los derechos de todos los ciudadanos. Mucho más los de aquellos que en ellas laboran, aunque obviamente no sólo esos. Quien quiera ser cómplice de violaciones puede serlo a su riesgo jurídico y/o político, pero las caretas deben definitivamente caer. “¿Con quién estás tú compañero?” Rezaba un eslogan de un perdedor candidato adeco. ¿Con la tiranía o con el supremo derecho a la libertad contra la opresión?