En días pasados, desde el aparato comunicacional de la Asamblea Nacional, fue anunciado el Proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, cuyo contenido desconozco, como el resto de mis colegas de la Fracción Parlamentaria 16 de Julio. Mal comienzo para plantear un instrumento tan importante, porque se supone que ha de ser compartido con quienes estamos también llamados a discutirlo y, si fuese el caso, aprobarlo mediante una votación calificada. A menos que se le crea una pieza perfecta de inmediata sanción que ni si siquiera puede ser objeto de deliberación alguna, previo estudio concienzudo de la materia.
Sería aventurado e irresponsable pronunciarme sobre el fondo de una propuesta que desconozco y muy mal sería que este parlamento siga improvisándose. Lo hace en la medida que, oficialmente, a través de los medios institucionales de la Asamblea Nacional, se anuncie un proyecto que no está en manos de cada uno de los disputados amados a considerarlo, ni siquiera por la vía y sobre todo oportuna de un elemental correo electrónico. Observación que debe formularse con franqueza que nada personal tiene que ver con el proyectista o el colega parlamentario que hizo el anuncio. Además, la materia es de interés del suscrito, pues, provengo de un estado oriental – Monagas – que sufre de la quiebra de la industria y el deterioro infame de sus instalaciones petroleras. Sin embargo, agreguemos otra circunstancia que no es tan de forma.
En efecto, ¿por qué el carácter orgánico que obliga a definiciones muy de fondo, dándole características y desarrollos a una industria de largo plazo? ¿Acaso no debemos esperar al efectivo cese de la usurpación y a la construcción de un consenso para hacer exitosa l transición en este y en otros ámbitos? ¿Se trata – desde ya – de imponer una política petrolera que el país ignora? Por una parte, junto a mi partido, tengo un diagnóstico y una concepción del asunto que contrasta con todo lo que he escuchado en las sesiones del parlamento y, llegada la hora, es necesario que se le escuche y pondere, porque no pueden despacharse las cosas a la ligera. Por otra parte, me sumo al criterio – por ejemplo – expuesto por mi colega Luis Barragán, cuando – promotor de sendos proyectos, considera que una Ley Orgánica de las Fuerza Armada o de Educación Superior, no pueden adelantarse al indispensable consenso de la transición que versará sobre un posible y diferente modelo para ambas instituciones; mucho menos, en la etapa final del mandato parlamentario. La Fracción Parlamentaria 16 de Julio, por ejemplo, suscribió y promovió reglamentariamente el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades para ahorrarle a la ONG Aula Abierta el esfuerzo de recoger las 20 mil firmas en tiempos de pandemia, permitiéndole entrar al torrente sanguíneo del parlamento con el ánimo de alentar una discusión en el seno de la comisión o subcomisión especializada que no ha considerado siquiera una ley ordinaria para la Defensa de la Autonomía Universitaria. Y, por último, ¿dónde queda la opinión de los profesionales y especialistas de la industria petrolera? ¿Acaso, se trata de levantar falsas expectativas o se piensa acelerar la sanción y promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, simplificando groseramente el procedimiento de consulta en el seno de la Comisión de Energía y Petróleo? Como vemos, el tema tiene sus bemoles.