Existe una correlación negativa entre la pandemia y la justicia, como consecuencia de un confinamiento sin previsión, que ha generado la paralización de la justicia, en términos del funcionamiento del derecho formal, es decir de la administración de justicia. Esta paralización de la justicia ha dejado su funcionamiento, en manos de los organismos auxiliares de la justicia: Los cuerpos policiales y de seguridad. Este funcionamiento ha sido asumido en forma de “manus militaris” por dichos cuerpos y la aplicación del derecho se ha venido ejecutando a través de operaciones materiales que se caracterizan más, por el ejercicio de la fuerza, que por la garantía de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Este estado material o uso de la fuerza pública, policial o de seguridad, se realiza a discreción, aprovechando la soledad del confinamiento de la pandemia y de la practica paralización de la justicia. En este solitario entorno es donde la brutalidad policial y las redes de extorsión surgen como actos “normales” en los procedimientos policiales, violandose los derechos más fundamentales del ciudadano, como lo son el derecho a la vida, a la libertad y el derecho de expresión e información.
El caso más reciente de esta brutalidad policial ha ocurrido con la muerte de George Floyd, allende a nuestras fronteras, pero que aquí también ocurre con frecuencia, aprovechando el confinamiento y la práctica paralización de la justicia.
Las detenciones a periodistas, médicos y lideres políticos y el incremento de muertes simuladas de enfrenamientos han sido consecuencia de una justicia asumida por los cuerpos policiales como consecuencia de un cofinamiento pandémico sin previsiones, para evitar practicamente, la paralización de la justicia.
El confinamiento prescrito en ocasión de la pandemia no solo ha restringido el derecho de circulación o movilidad del ciudadano y otros derechos derivados del derecho fundamental de la libertad, como lo es el derecho a la libertad de expresión e información sino también ha restringido el sagrado derecho a una justicia continua y permanente, como elemento esencial de un Estado democrático y social de derecho.
El gobierno del poder judicial, usurpado desde el 23 de diciembre de 2015 con designación de actores políticos en el TSJ, de un Parlamento que había vencido su periodo, no ha presentado un plan preventivo y alternativo para el funcionamiento integral y continuo de la administración de justicia sino que solo se ha limitado al funcionamiento precario de los tribunales de control penal, generando un retraso procesal e injusticia sin precedentes en todo el poder judicial. Es el “comodín” de Maduro para obtener lo que los votos no han alcanzado.
Ese instrumento político, si ha sido eficaz y eficiente en decidir asuntos políticos, como lo relacionado con la junta directiva de la AN y el de recibir la solicitud del Ministerio Público sobre Voluntad Popular, lo que devela que el confinamiento de la pandemia no solo paraliza a la justicia sino que ello se ejercita con móvil político subyacente.