El nuevo sistema de venta de la gasolina en el país que dio inició este lunes 1° de junio la administración de Nicolás Maduro es, a juicio de expertos, una privatización de facto que salta las disposiciones de dos leyes orgánicas y hasta la Constitución de la República. Juristas y diputados sostienen que para la importación, distribución y venta del combustible por parte de privados era necesario la reforma de los instrumentos legales, a su vez que revierte el plan bandera de Hugo Chávez de estatizar toda el negocio petrolero.
Por: Ahiana Figueroa / Sofía Nederr / Tal Cual
Resaltan además que aún no se han publicado en Gaceta Oficial las resoluciones que contemplan las nuevas disposiciones del esquema interno de los combustible ni los nuevos precios, lo que aumenta la inseguridad jurídica, la opacidad e informalidad que genera dudas y confusión.
Entre 2006 y 2008, Chávez llevó a cabo el plan «Plena soberanía petrolera» en el cual se crearon empresas mixtas donde el Estado se reservaba la mayoría accionaria y hasta se re-nacionalizó todas las bombas del país, muchas de las cuales habían sido dadas en concesión a privados en la década de los 90 del siglo pasado.
Con la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de Combustibles Líquidos,vigente desde septiembre de 2008, por ejemplo, «el Estado se reserva la actividad de intermediación para el suministro de combustibles líquidos, por razones de conveniencia nacional, carácter estratégico, servicio público y de primera necesidad, realizada entre Petróleos de Venezuela, sus filiales y los establecimientos dedicados a su expendio», según señala su artículo 1.
A su vez, la Ley Orgánica de Hidrocarburos no establece en su articulado disposiciones relativas a la importación de combustibles por parte de personas jurídicas. La ausencia de una licitación pública y de una constancia en el que se demuestre la adjudicación directa para que los privados puedan vender en divisas, viola igualmente los preceptos de esta normativa.
El sábado 30 de mayo, Maduro anunció que 200 estaciones de servicio venderán libremente «gasolina súper premium» a precio internacional, que fue fijado en 50 centavos de dólar ($0,50) el litro. «La crisis crea oportunidades y esta modalidad está siendo gestionada por empresarios privados que están trayendo su gasolina», afirmó.
Por ser ambas leyes orgánicas -además-, éstas deben ser reformadas por la Asamblea Nacional, tal cual lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala en su artículo 302, que «el Estado se reserva, mediante la Ley Orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico».
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