El informe sobre las actividades realizadas durante 2019 en relación a los exámenes preliminares abiertos, publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 5 de diciembre, en el que se hace mención, entre otros, al caso venezolano (páginas 18 a 23), ha generado muchas expectativas, y, a la vez, confusión. De allí la importancia de puntualizar el estatus actual del proceso, que todavía no ha entrado en la etapa de investigación pero sí ha avanzado, pues se encuentra en la segunda de las cuatro fases de evaluación por parte de la Fiscalía.
Etapas del examen preliminar
Ante todo, se debe recordar que el 8 de febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI anunció un examen preliminar sobre los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017 en Venezuela.
Este examen preliminar no es un juicio, sino la determinación de si existe uno o varios casos para que ese juicio ocurra, y que, de llegarse a ese extremo, el mismo no sería contra un gobierno sino contra los responsables individuales de los delitos sujetos a la investigación de la Corte.
La primera etapa del examen preliminar es la recolección de información y la determinación de su verosimilitud.
En la segunda etapa, la Fiscalía establece si se han cometidos los delitos que son competencia de la Corte, tales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o agresión.
La fase tres corresponde a la admisibilidad del caso, así como al análisis sobre la naturaleza e impacto de los crímenes. En esta fase lo más importante es determinar si el país en el que se cometieron los crímenes tiene la voluntad o no de juzgar y condenar a los responsables.
En la fase cuatro la Fiscalía dirime si es en interés de la justicia o no presentar el caso ante la Corte.
El caso venezolano se encuentra en la fase 2, es decir, en la recolección de información para la determinación de hechos que sean considerados delitos de la competencia de la Corte.
Contenido del informe de la Fiscalía
Lo primero que debe indicarse es que la Fiscalía señala que si bien inicialmente la investigación se realizaría sobre hechos ocurridos a partir de abril de 2017, también ha buscado determinar acciones previas y posteriores a esa fecha: desde febrero de 2014 en adelante. Ha declarado que lo hace para “examinar la potencial vinculación de esos eventos con los crímenes cuya comisión se ha alegado partir de abril de 2017”.
De lo dicho queda claro que la investigación inicial se ha ampliado en el ámbito temporal: ya no solo se limita a los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017, sino que partirá de 2014 e incluso considerará lo sucedido después de 2017, lo que permitirá incluir denuncias de crímenes en un lapso mucho más amplio al inicialmente señalado.
En su informe, la Fiscalía señala además que está analizando en el caso venezolano la comisión de los siguientes crímenes, todos dentro de la competencia de la Corte, a saber: asesinatos y lesiones, privación de libertad, malos tratos y torturas, crímenes sexuales y por razón del género, y persecución.
Acceso a la Justicia destaca que en la descripción de los casos de cada uno de los delitos que se han mencionado, la Fiscalía hace ver que efectivamente está considerando delitos fuera del período inicial, pues en el caso del asesinato, por ejemplo, señala cifras del propio 2019. Esto es muy importante en la medida en que mientras más amplio sea el tiempo analizado, más fácil será determinar que los crímenes cometidos responden a una política de Estado y no a la simple responsabilidad individual de los perpetradores finales, por lo que quienes dirigen el aparato represivo son en realidad sus verdaderos responsables.
Es importante aclarar que el proceso ante la CPI exige unos elementos jurídicos diferentes al derecho penal ordinario, en la medida en que su prioridad es determinar los responsables finales de políticas que generan crímenes de lesa humanidad. Por ello, la determinación de los perpetradores materiales es apenas una parte de la investigación, pues lo que se persigue es llegar a los responsables últimos de delitos tan graves para garantizar que no ocurran más en el futuro.
Tan importante como lo anterior es que la Fiscalía en su informe señaló que “casi ha concluido su evaluación del tema” correspondiente a la fase 2, es decir, sobre la comisión o no de crímenes en Venezuela que son competencia de la Corte. Al respecto, la Fiscalía señala que ha analizado, entre otros, informes publicados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto último evidencia la importancia de la labor de denuncia de los órganos internacionales antes descritos y la trascendencia que la seriedad de los mismos puede tener para facilitar las labores de investigación de la Fiscalía.
Para concluir, y como aspecto a destacar del informe de la Fiscalía, en él se señala que la fase 2 concluirá a principios de 2020, y de ser positivo el resultado del estudio de esa etapa, se procederá a analizar la admisibilidad de los casos (fase 3), todo ello sin dejar de recolectar información sobre la comisión de crímenes que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Corte. En este sentido, lo que haga la Misión de Determinación de Hechos de la ONU que se instalará en enero en Panamá, será también de gran importancia.
De modo que, a pesar de que el examen preliminar de Venezuela se inició a principios de 2018, ya existen señales de que pasará a la fase 3 el próximo año; si se compara con otros casos como el de Colombia, que lleva quince años, el mismo tiene un ritmo que podemos calificar, al menos, de esperanzador, lo cual en la estéril situación de la justicia en Venezuela no es poco decir.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Cualquier noticia que acerque a los venezolanos a una justicia que castigue a los responsables de crímenes de lesa humanidad nos afecta a todos, porque los mismos son de tal gravedad que van mucho más allá de las víctimas directas, en la medida que tales crímenes nunca son aislados, sino que obedecen a políticas represivas del Estado, por lo que sus máximos jerarcas deben responder.
Siendo así, cualquier avance en la justicia internacional, porque poco puede esperarse de la nacional, significa un hálito de esperanza para tantos en Venezuela que tienen sed de justicia.
Corresponde al Estado velar por el resguardo de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Desde la llegada de Nicolás Maduro han recrudecido las denuncias de violación de los derechos humanos y el registro de presuntos crímenes de lesa humanidad. La posibilidad de que el proceso ante la CPI avance y dé pie a una investigación, abre las puertas a la lucha contra la impunidad y contra el olvido de las víctimas.