Las mayores organizaciones empresariales y compañías de España piden que el próximo gobierno se constituya lo antes posible y que cuente con una base parlamentaria suficientemente amplia como para llevar a cabo grandes reformas, paralizadas desde hace siete años.
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La gran prioridad es reimpulsar la actividad económica, para lo que plantean la necesidad de despejar la incertidumbre y dar un horizonte de estabilidad que aliente las inversiones, así como una rebaja de la presión fiscal. Así lo refleja un sondeo hecho por Expansión entre los principales líderes empresariales de España
Los empresarios están hartos de la incertidumbre política y de la parálisis regulatoria y reclaman que se ponga en marcha cuanto antes un Gobierno “centrado y estable” que pueda despejar las incógnitas y que, además, lleve a cabo reformas para impulsar la productividad. Muchos reclaman directamente una Gran Coalición con el PP, mientras que otros apuestan por un Ejecutivo moderado (evitando que la gobernabilidad caiga en manos de Podemos y los independentistas), que sea estable, para permitir un horizonte de inversiones de varios años, y que tenga una ambiciosa agenda reformista. Es decir, con ya sea desde dentro o desde fuera, del PP.
Uno de los más claros en este sentido ha sido el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, que señala que “en la actual situación sólo un pacto entre el PSOE y el PP podría garantizar la necesaria estabilidad. Cualquier otra opción nos aboca a un Gobierno inestable que no duraría cuatro años”, incidiendo en que un Ejecutivo “con Unidas Podemos y Más País no aplicaría la estrategia económica precisa para promover el crecimiento y afrontar los grandes desafíos que tenemos por delante”.
También Eduardo Zamácola, presidente de patronal comercio textil, Acotex, señala que “lo ideal sería pacto entre los principales partidos constitucionalistas”, aunque advierte de que éste tiene que tener la vista fija en reducir la carga fiscal y buscar una mayor competitividad para impulsar la contratación. Otros, en cambio, son menos específicos, como es el caso del presidente la patronal catalana Pimec, Josep González, que pide “responsabilidad y agilidad a todos los partidos para que se constituya un Gobierno estable”, porque “España no se puede permitir unas terceras elecciones”. Similar opinión tiene Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCE y Asprima, que pide “que se llegue lo antes posible a un acuerdo de gobernabilidad que asegure estabilidad”.
La posición de los empresarios es bastante clara: el nuevo Gobierno, ya sea monocolor del PSOE o de coalición con el PP, debe estar avalado por una mayoría parlamentaria suficiente como para llevar a cabo reformas que reimpulsen la economía. Entre ellas, mencionan una mayor flexibilidad laboral, una rebaja de impuestos orientada a favorecer las inversiones, una mejora de la formación para mejorar la productividad y crear empleo o el desarrollo del régimen sancionador de la morosidad. Y todo ello, además, retomando el control del déficit público y afrontando otros problemas de fondo, como es el caso de la reforma del sistema de pensiones.
Quizá las patronales industriales han sido las más reivindicativas, porque su competitividad depende en gran medida de la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, tal como revindica la patronal siderúrgica, Unesid, aunque también la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía cuyo director general, Fernando Soto, señala que la transición ecológica se tiene que hacer de forma que se logre “un suministro eléctrico competitivo, estable y predecible, como el de franceses y alemanes, que es más de un 30% más barato”. Por su parte, Gasindustrial reclama un abaratamiento de los peajes del gas, que encarecen los costes de las manufacturas de cerámica, papel, siderurgia, vidrio, química, refino, fritas y esmaltes, textil… También Aspapel va en esta línea y aboga además por “una mejora de infraestructuras logísticas y de transporte enfocadas a la mejora de la competitividad industrial”.
Otras organizaciones, en cambio, atienden a intereses más concretos. Es el caso de Acex, que reclama un mayor presupuesto para el mantenimiento de carreteras; la Acogen, que pide planes de renovación de instalaciones para 300 plantas; o Asagua, que defiende una mayor inversión en infraestructuras. Por último, Gómez-Pintado reclama que el nuevo Ejecutivo impulse la oferta de vivienda “para moderar el precio de compraventa y el del alquiler”.