El secretario de Estado español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, defendió hoy que los conflictos en Venezuela se resolverán “a través del dialogo” y no por la “imposición”.
“Desde la independencia, en América Latina, no hubo una resolución de crisis y conflictos por la imposición de sanciones, o por la fuerza”, señaló De Laiglesia en el seminario “Diálogos con América Latina”, celebrado en Casa América.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas, con la situación en Venezuela como uno de los puntos de la agenda.
De Laiglesia señaló sobre esa reunión que Madrid no va a cambiar sus posiciones ya tomadas sino que pretende “introducir un elemento de vinculación constructiva” a las negociaciones.
“España no podría permanecer de brazos cruzados de frente a esta situación. Estamos convencidos de que la solución está en un dialogo democrático y pacífico entre los ciudadanos venezolanos”, dijo De Laiglesia.
Para el secretario de Estado, Venezuela tiene un interés “sobradamente justificado” para España, con más de 160.000 ciudadanos residentes allí, además de setenta empresas que “siguen con vocación de quedarse en un entorno que no es fácil”.
De Laiglesia comentó que hay en la comunidad internacional una “ausencia de iniciativas” para enfrentar la situación de Venezuela y reconoció que es “necesario” trabajar para generar las condiciones para el dialogo político.
“Nos parece que la Unión Europea tampoco puede quedar de brazos cruzados con la situación, queremos una vinculación constructiva, de manera que la pasividad no es una opción y esa es la política que vamos a perseguir”, subrayó.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró hoy en Luxemburgo que ni España ni ningún país de la UE ha “hablado de modificar sanciones en Venezuela”, y que la posición española opta por “facilitar el diálogo” para lograr “una solución” en el país, pero sin eliminar las sanciones actuales.
La UE sancionó a dieciocho personas que considera que han incumplido los principios democráticos y el Estado de derecho y que son responsables de “graves violaciones de los derechos humanos”, los sancionados no podrán viajar a la UE y se las congelaron los activos que puedan tener en suelo europeo. EFE