“Los sucesos ocurridos recientemente en la frontera colombo-venezolana obligan a la Fuerza Armada a cumplir sus deberes constitucionales en lo que respecta a la protección de la integridad y la seguridad de la nación y de las personas, así como del espacio geográfico y del orden interno”, declaró Julio César Moreno León ex embajador y ex diputado del antiguo Congreso nacional.
“De acuerdo a la actual Constitución, la atención de las fronteras por parte del Estado es una materia prioritaria en el cumplimiento de los principios que garanticen efectivamente nuestra soberanía y nuestras relaciones pacíficas con los países vecinos. Y en este caso con Colombia, dadas las difíciles circunstancias por las que atraviesan los habitantes de esa zona luego del arbitrario cierre del tránsito fronterizo ocurrido en junio de 2015.
“Es de destacar que aquella medida fue asumida, invocando la presencia de grupos paramilitares que supuestamente cometían delitos de todo tipo, y conspiraban además contra la estabilidad del gobierno cumpliendo mandatos de la ultraderecha colombiana que, según Maduro, encabeza el ex presidente Alvaro Uribe”, indica Moreno León.
“El asesinato de tres militares y un civil al servicio de la Fuerza Armada Venezolana, que cumplían tareas de inteligencia el día 19 de junio del pasado año en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, dio comienzos a una de las más graves crisis en la relaciones con Colombia, en las que quedaron afectados de manera injusta e inhumana miles de colombianos y venezolanos que tradicionalmente han compartido sus vidas en nuestro territorio de manera pacífica y laboriosa”.
“El gobierno venezolano señaló entonces que los crímenes cometidos en San Antonio eran obra de los paramilitares y con esa excusa asumió violentas y radicales medidas, deportando de junio a septiembre de de 2015 a más de mil setecientas personas y obligando a retornar al país vecino a más veintidós mil”, indica el ex embajador.
“La declaratoria de estado de excepción en Táchira, Apure, Amazonas y Zulia fue el siguiente paso, cumpliendo un acontecimiento inédito en nuestras relaciones diplomáticas, al implementar un desplazamiento masivo de la población civil, a la que se le destruyeron sus viviendas, se le incautaron sus bienes y a las que se les separó de sus familiares, sin tomar en cuenta edad, género o cualquier otra condición. Y a pesar de que Colombia protestó enérgicamente estas medidas violatorias de los derechos humanos la Organización de Estados Americanos, entonces controladas por los gobiernos complacientes con el chavismo se negó a convocar una reunión de Cancilleres que estudiara una situación considerada por el gobierno de Bogotá como “crisis humanitaria”.
En sus declaraciones, el ex embajador alerta sobre la continuación del deterioro en las condiciones de vida de los compatriotas que viven en aquella zona, como consecuencia de la escasez de medicinas y alimentos y de la agudización del clima de tensión al mantenerse suspendida la actividad comercial y el intercambio humano en una sociedad tradicionalmente dinámica e integrada.
“Lo acontecido el 5 de julio pasado – dice Moreno León– es una alerta para la fuerza armada en relación con lo que puede acontecer, de continuar sin solucionarse una situación que escapa a la controversia política para convertirse en un tema social de magnitudes inimaginables. Las quinientas mujeres de Ureña que desafiaron a la Guardia Nacional y pasaron a Cúcuta reclamando comida y medicinas, ponen en evidencia las delicadas y precarias condiciones de la paz y la seguridad en esa zona. En todo caso esas presiones sociales producto del hambre y la desesperación continuarán ocurriendo en la medida en que no se resuelva la grave situación que vive la población fronteriza, sometida a un esquema represivo de arbitrarios controles, que unido a la hambruna y la carestía nos acerca a incontrolables hechos de violencia con posibles repercusiones sobre el país vecino y sus cuerpos militares”.
“Los peligros se hacen aun más evidentes si tomamos en cuenta los reclamos que en diversas oportunidades han formulado las autoridades colombianas por la incursión de aeronaves militares de nuestro país en su espacio aéreo. En el mes de septiembre del pasado año, en tres oportunidades Colombia denunció la incursión de nuestros aviones de guerra sobre su territorio.
El día 12, lo hicieron dos aparatos Hongdu jl-8 de las FAV, sobre la Alta Goajira Colombiana, el 14 sobre la región de El Vichada y el 15 del mismo mes, dos naves F-16 nuevamente sobre la Goajira. Es decir que la región fronteriza vive una delicada complejidad por la situación de su pobladores, sometidos a injustas condiciones de vida e inconstitucionalmente privados de su derecho a entrar y salir libremente del país para garantizarse su subsistencia; y por la amenaza permanente de un enfrentamiento bélico entre los componentes armados de ambos países, con sus graves repercusiones para toda la nación.
Por decisión del gobierno las fronteras, especialmente en el Táchira, han quedado en manos de los militares, pero no en un marco de colaboración y de protección de los ciudadanos por parte de los destacamentos de la FAN allí establecidos, sino por el contrario en condiciones de amenazas y restricciones difíciles de mantener de manera permanente.
El Presidente Maduro, en torpes y desconsideradas declaraciones, acaba de emplazar a las amas de casa de Ureña que se atrevieron a traspasar la frontera el pasado 5 de julio, a salir y quedarse definitivamente en Cúcuta, en donde según él no disfrutarán de las bondades que nuestro socialismo les ofrece. En cambio la Canciller Holguín señaló que su país “está dispuesto a tenderle la mano a nuestros hermanos venezolanos con hambre y necesidad de medicamentos”. Y finalmente el gobierno ha ordenado abrir durante varias horas el puente internacional, para permitir el paso de las miles de personas urgidas de comprar los productos básicos en la vecina Cúcuta.
Lamentablemente, frente a estos hechos es de esperarse que el tema humanitario en las fronteras genere nuevos conflictos, en los que la Fuerza Armada Venezolana tendrá una responsabilidad ineludible y afrontará el dilema de proteger a la población venezolana, o asumir un papel represivo que estimulará aún más el malestar social y la conflictividad.