Venezuela está hundida en una profunda crisis política, económica y social. Son muchos los padecimientos y las mismas reflexiones diarias nos proporcionan respuestas a una pregunta crucial en este momento del país: ¿para qué sirve un referendo revocatorio?
En Venezuela no se garantiza la seguridad ciudadana. A pesar del “juramento” del ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, sobre la disminución de la delincuencia, la realidad es que el ciudadano está acorralado. Día a día somos testigos y víctimas de secuestros, extorsiones y robos, y el cuadro se agrava por la falta de investigación de los hechos, sanción a los responsables y reparaciones integrales a las víctimas. Es un binomio diabólico: criminalidad incontrolada e impunidad.
Estamos padeciendo una profunda crisis económica. Las causas: falta de planificación de políticas públicas, ineficiencia, centralismo, corrupción, derroche y populismo. Todo ello a causa de un modelo retrógrado puesto en marcha por el Ejecutivo, que siempre responsabiliza al imperio norteamericano o a la oligarquía.
En los últimos años la forma de gobernar ha estado caracterizada por al abuso de poder y de la fuerza sin escrúpulos. Se ha impuesto una autoridad absoluta, la cual no se detiene ante los límites que imponen las leyes, ni siquiera la que ellos mismos han elaborado. La consecuencia: violaciones de derechos humanos, corrupción y violencia. Un ejemplo dramático e inolvidable para las próximas generaciones es el dinero robado a través de operaciones fraudulentas vinculadas al control de cambio: 300.000 millones de dólares, según lo afirman dos ex ministros chavistas, Héctor Navarro y Jorge Giordani.
No existe un diseño y ejecución de políticas públicas que eviten las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Los hechos ocurridos en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, dejaron en evidencia la degradación de la convivencia social. Tampoco nada se sabe de la investigación de los hechos acaecidos el 5 de agosto de 2015, en el sector San Vicente del municipio Girardot del estado Aragua. El Estado, a través de agentes policiales, asesinó a cuatro personas. Sí, a través de una repudiable y desviada práctica policial, realizada por oficiales del cuerpo de policía del estado bolivariano de Aragua, ejecutaron a Omar Efrén Ramírez Ibarra, Nicolás Manuel Salgado Silva, Douglas Ernesto Bolívar Reyes y Leonardo Alfredo Noguera Rubio. Todavía no se sabe el paradero de Francisco Dionel Guerrero Lárez y Eduardo José Natera desaparecidos de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) y del Centro Penitenciario Región Oriental “El Dorado”.
Todo esto confirma la demostración de un Estado plagiado por la violencia; de un país donde no están garantizados los derechos humanos, el Estado de derecho, ni la democracia.
El sistema carcelario no funciona. Estar preso es equivalente a estar condenado a muerte. El gobierno en Venezuela está tan distorsionado y las instituciones del Estado están tan debilitadas que actúan con la lógica perversa del pranato: las normas de convivencia establecidas en la Constitución y las leyes son pisoteadas por un líder (el pran) que monopoliza el poder e impone sus propias reglas; por lo general, a sangre y fuego.
El pueblo está padeciendo una verdadera crisis humanitaria. A pesar de las estulticias proferidas por el embajador de Venezuela en la OEA, Bernardo Álvarez, en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la salud no está garantizado. No hay medicamentos, el ciudadano tiene que hacer largas y humillantes colas en las farmacias sin garantías de poder adquirirlos, ya sea porque escasean o por sus elevados costos. En los hospitales y clínicas los padecimientos se proyectan al extremo de que médicos y familiares no tienen otra opción sino presenciar, impotentes, cómo mueren miles de venezolanos por las carencias y la imposibilidad real de conseguir medicamentos.
El Ejecutivo no es capaz de garantizar la seguridad alimentaria ni servicios básicos como la electricidad y el agua. El desabastecimiento y la escasez, se verifican dramáticamente en las largas colas a las puertas de los supermercados y centros comerciales que, por los recortes de electricidad, ahora tienen cierres parciales.
El problema de la falta de agua limpia se ha vuelto recurrente y la mala calidad del vital líquido también se enfrenta al silencio del gobierno de Nicolás Maduro, pues nada ha dicho sobre las fallas que presentan las plantas de tratamiento que procesan el agua del embalse Pao Cachiche. El Ejecutivo tampoco ha dicho nada sobre la contaminación de las aguas por detergentes, agroquímicos y desechos inorgánicos que se vierten a los ríos afluentes del lago de Valencia.
El derecho a la educación superior, y la autonomía universitaria son permanentemente violados. El gobierno ha pretendido asfixiar a las universidades al no garantizar el presupuesto justo que requiere para su normal funcionamiento. Ser profesor universitario y estar desempleado es lo mismo. Pero, tampoco ha respetado la autonomía universitaria. Ignorando lo establecido en la Ley de Universidades, puso en práctica la Resolución 2890 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, a través de la cual se establece un registro único para los aspirantes a la educación superior y se eliminan todas las pruebas internas de admisión en las universidades públicas. Esa resolución es una herramienta política artificiosa con la cual se pretende controlar de manera antidemocrática los procedimientos de ingreso a las universidades autónomas.
La persecución de los defensores de derechos humanos es una política de Estado. En un contexto severamente polarizado, el ciudadano que disiente y los defensores de derechos humanos son equiparados con enemigos internos. Las expresiones estigmatizantes y la intimidación forman parte de una política de Estado. Con el Mazo Dando es el nombre del programa que se transmite a través de la televisora estatal Venezolana de Televisión y mediante el cual el ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se ha dedicado a descalificar a las personas que acuden a las instancias del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, entre otras razones porque las instancias estatales no dan respuestas oportunas y satisfactorias.
La inhabilitación de cargos públicos contra disidentes es una práctica autoritaria recurrente. La Contraloría General de la República se ha dado a la tarea de emitir una serie de resoluciones administrativas de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra dirigentes de la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por ejemplo: María Corina Machado, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Pablo Pérez.
El Poder Judicial no funciona. No existe independencia, autonomía e imparcialidad. De la forma más descarada, el Ejecutivo imparte órdenes a los magistrados y trata al Tribunal Supremo de Justicia como si fuera su bufete. Un órgano constitucional de garantías degeneró en un instrumento para perseguir a la disidencia y al ciudadano. Los ejemplos más visibles: presos políticos, ciudadanos enjuiciados por ejercer legítimamente sus derechos y el desconocimiento de la soberanía popular en el estado Amazonas. Lamentablemente, el TSJ no les garantizó sus derechos a los amazonenses, pues desconoció a sus representantes en la Asamblea Nacional.
Ante la impunidad y la ineficiencia del sistema de administración de justicia proliferan los linchamientos. Algunos ciudadanos han caído en la tentación (que también es un delito) de hacer justicia por mano propia.
Si el ciudadano protesta el Estado puede utilizar en su contra la fuerza letal. El 27 de enero de 2015 el Ministerio de la Defensa emitió la Resolución No, 008610 titulada Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. En el instrumento legal, específicamente el artículo 22, numeral 7, establece que ante una situación de “riesgo mortal”, el funcionario “aplicará el método del uso de la fuerza potencialmente mortal”. La militancia del General Vladimir Padrino con el PSUV lo obnubiló, lo colocó como promotor del aniquilamiento del ciudadano que protesta en ejercicio de su legítimo derecho a hacerlo.
La libertad de expresión no está garantizada y se penaliza el derecho a informar. La venta de importantes medios a empresarios no conocidos en el ramo de la comunicación ha provocado un desvío a líneas editoriales complacientes con el gobierno. El control oficial del papel y el uso discrecional de la asignación de publicidad oficial han contribuido a reducir el pluralismo informativo y de opinión, y representan una amenaza significativa a la existencia misma del periodismo independiente y de investigación. Los actos de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación en relación con su trabajo, y las declaraciones descalificatorias de altos funcionarios públicos cada vez son más recurrentes. El uso del derecho penal para desalentar las expresiones de posiciones críticas al gobierno y la publicación de información independiente o crítica sobre asuntos de interés público en medios de comunicación, redes sociales y a través de las protestas sociales es una política de Estado. El ejemplo más palmario es el enjuiciamiento de 22 directivos de los diarios El Nacional, y Tal Cual, y el portal web La Patilla.
Más recientemente, el Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial, pretende desconocer la soberanía popular expresada por la mayoría del pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre de 2015. 2,10 millones fue la diferencia de votos entre la Mesa de la Unidad y el Gran Polo Patriótico. La oposición logró captar 7.707.422 sufragios (56,2%), el chavismo se quedó con 5.599.025 (40,8%).
El referendo revocatorio es un mecanismo de participación, establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional, mediante la cual los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral, tienen el derecho de expresarse para cambiar a las autoridades que eligió antes de que expire su mandato, bien sea porque le han perdido la confianza, o porque la gestión del gobernante es un auténtico desastre.
Es una herramienta constitucional, que el CNE no debe boicotear. Tampoco debería causar tanto miedo al oficialismo. Es un proceso que se ha convertido en la reafirmación del proceso revolucionario y chavista, tal como lo señaló Elias Jaua a propósito del fallido referendo revocatorio contra Hugo Chávez en 2004.
Además, el referéndum revocatorio cuenta con el aval jurisprudencial del TSJ. La Sala Constitucional, en sentencia 1002, de fecha 26 de mayo de 2004, determinó que la justiciabilidad de los derechos y especialmente a la salud se logra a través del control político y no del jurisdiccional. Además, el propio Nicolás Maduro, el 8 de diciembre de 2015, dijo: “Si la mayoría derechista de la Asamblea Nacional decide lanzarme un referendo revocatorio para acabar con mi mandato, iré a combate y el pueblo decidirá”. Honre su palabra presidente, mire que eso también lo toma en cuenta el pueblo a la hora de votar.
En definitiva, un referendo revocatorio sirve para resolver la crisis que los venezolanos estamos padeciendo, derivadas de un mal gobierno, del autoritarismo competitivo. Un gobierno que se ufana del número de eventos electorales ganados y que, ahora, se hace el loco y fomenta el boicot.
Un referendo revocatorio sirve para liberar a los presos políticos, y también será útil para que a través de autoridades competentes diseñe soluciones económicas y financieras eficaces para enfrentar la crisis económica producto de la corrupción, improvisación y despilfarro.
El referendo revocatorio servirá como un proceso para que los poderes recuperen su autonomía y también para unir a los venezolanos.
El revocatorio servirá para recuperar un nivel de vida digno.
@jesusollarves