La denuncia pública formulada por familiares y relacionados a veinte y ocho mineros vecinos de la población de Tumeremo con cincuenta mil habitantes en el estado Bolívar, acerca de sus temores por la ausencia en grupo no acostumbrada, hizo disparar las alarmas entre la sociedad civil y eclesiástica de la zona, por un posible secuestro y muerte de los mismos en la mina “Atenas”.
Por Manuel Corao
El obispo de Guayana Mariano Parra salió al paso de las autoridades y en claro mensaje apunta: “Pido que recemos mucho por las víctimas. Hago un llamado a las autoridades civiles y militares a que asuman su responsabilidad sin violar derechos humanos”
La reacción inicial del gobernador Francisco Rangel del estado Bolívar al sur del país indignó a la población la cual tomó las calles al enterarse que la primera autoridad civil negó sin investigar el clamor, y adujo esto a un rumor sin asidero alguno a la realidad.
Los hechos posteriores han demostrado la falta de diligencia por parte de las instituciones locales del estado de mayor extensión territorial que alojó en los lugareños el temor de estar ante un conocedor de algún monstruoso acontecimiento.
Críticos se han hecho eco de quejas de la ciudadanía quienes consideran al actual gobernador Francisco Rangel estar apoltronado en su posición sustentado en la complacencia política de Miraflores y no el visto bueno en urnas electorales.
Los indicios mostrados por los familiares afectados, como versiones expresadas por el diputado opositor Américo D Andrea al afirmar que los veinte ocho trabajadores de la minería continuaban desaparecidos, se sumaron a las versiones dadas a través de medios de comunicación social de quienes pudieron escapar de la mano de sus verdugos al emprender la huida del sitio de los acontecimientos. Todo ello ratifica la existencia de un plan de exterminio a orillas del río Caroní.
Este sector donde se llevó a cabo lo acontecido, en el pasado estuvo operada bajo la iniciativa privada mediante concesión del estado. Anteriormente como consecuencia de la política de expropiación impuesta por el gobierno de Hugo Chavez para descalificar cualquier iniciativa privada, minas “Nuevo Callao”, “Hoja de lata”, “Las Virginias “; sus concesionarios fueron obligados abandonar el lugar, quedando las instalaciones abandonadas a mediano plazo por el estado a la suerte de improvisados funcionarios.
.Coincide tal acontecimiento con la creación por orden ejecutiva estatal de una empresa energética y minera que conforme reza en su constitución será administrada por los profesionales oficiales miembros de las fuerzas armadas.
Tal anuncio hace temer a los padres de las víctimas, ser la razón de su desaparición la acción policial de funcionarios para desalojar vía expedita explotadores artesanales, quienes al negarse obedecer fueron ajusticiados.
Para muchos estamos ante la presencia de una posible combinación de la Banda de “El Topo” en combinación con técnicos policiales, encapuchados con chalecos de la Guardia Nacional. Todo apunta hacia el exterminio oficial o bien una mezcla de anteriores suposiciones.
La indiferencia con la cual atendió inicialmente la gobernación del estado Bolívar y el retardo en la actuación de las autoridades policiales, sumado a la lentitud en la recolección de evidencias; hace temer que bien podríamos estar ante la fabricación de elementos probatorios como estrategia de distracción del foco central del hecho.
El ministro de Relaciones Interiores Gustavo González López indica que lo acontecido, lo cual no aclaran, es producto de lucha entre bandas criminales. La presencia de hombres armados por parte del estado asciende inexplicablemente a más de mil, razón por la cual obligan a pensar a qué a temerán.
Históricamente a la masacre del caño “El Amparo”, en el estado Apure-,Tachira acontecida en la década de los ochenta durante el gobierno de Jaime Lusinchi, le siguieron el golpe de estado dado por Hugo Chávez Frias y el grupo revolucionario 200, con cerca de cien muertos en mil novecientos noventa y dos.
Nada iguala a la política del estado que arroja cerca de 20 mil homicidios promedio por acción hamponil, amén de asaltos, arrebatos, heridos y violaciones en los últimos dieciséis años en manos de los gobernantes comunistas Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Hay que salir de Maduro Moros para evitar el próximo intento de exterminio.