La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó por mayoría simple el Proyecto de Acuerdo para la lucha contra la Corrupción y Recuperación de Capitales y la conformación de un Consejo de Sociedad Civil, especialmente del gremio periodístico, gremios, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones civiles, entre otras, para acompañar a la Comisión de Contraloría en las investigaciones que promueva en torno a este tema.
Nota de prensa
El Acuerdo establece que la corrupción atenta contra la democracia y que la República ratificó la Convención sobre la detección para sancionar la corrupción que consagra que cada rama tiene sus funciones propias que permiten investigar este flagelo.
Por considerar que las ONGs y periodistas nacionales e internacionales han informado sobre el flagelo de la corrupción, así como partidos políticos han señalado casos concretos de corrupción y que la crisis institucional de la República requiere de recursos económicos, para solucionar problemas que aquejan al pueblo como acceso a alimentos y medicinas.
Entre otras consideraciones señala que es un deber constitucional el control de los fondos y bienes de la República, por lo cual considera indispensable apoyar la investigación del destino de los fondos públicos. En la convocatoria a la ciudadanía se pretende contar con la presencia de gremios, partidos políticos y otros entes sociales y sumarse a la Comisión de Contraloría.
Del debate
Durante el debate relativo a la corrupción y actuación de los poderes públicos sobre este flagelo, el diputado Freddy Guevara (Unidad-Miranda) se preguntó “cómo es que tenemos la tercera reserva del mundo y los ingresos más altos, y hoy tenemos gente muriendo por falta de medicinas”. Agregó que se trata de un modelo económico que hizo tocar fondo y que el otro aspecto es la corrupción, porque el dinero que hace falta para comprar alimentos y medicinas se lo robaron.
Destacó que la deuda con el sector farmacéutico es de 6 mil millones y de 400 millones en insumos médicos, en alimentación 1.600 millones, “hay más de 20 mil millones de Cencoex y de PDVSA, y 10 mil millones del Bandes y es lo que se está investigando en la Comisión de Contraloría”, insistió el parlamentario.
Se invirtió 120 mil millones en electricidad y fueron a parar a bolsillos privados – aseguró el parlamentario – eran para reparar turbinas y lo han estafado, con eso se podría pagar, todas las deudas del país. Otro punto tiene que ver con la cantidad de dinero de venezolanos en el exterior en un país con control de cambio, en el Banco Andorra hay 4 mil 200 millones de dólares y en el banco HSBC 12 mil millones de dólares.
En este punto planteó las siguientes medidas para la lucha contra la corrupción: el respaldo de la plenaria, para investigar la gestión de Rafael Ramírez, mientras estuvo al frente de Petróleos de Venezuela, así como lo relacionado con Cencoex, el Fondo Chino, Bandes y demás fondos, quien se robó qué y dónde. De igual modo, pidió aprobar la conformación del Consejo Ciudadano de la Sociedad Civil y especialmente al periodístico, para encontrar la verdad del desfalco al pueblo.
Por último, convocar a todos los poderes públicos, para generar un impacto contra la corrupción y la recuperación de los capitales que se encuentran fuera del país. “No sólo debemos perseguir a los culpables y conseguir el dinero que hace falta para comprar medicina “, puntualizó Guevara.
Extraditar corruptos
Por su parte, el diputado Pedro Carreño (GPP-Lara) desmintió al diputado Guevara sobre la supuesta investigación abierta sobre el tema de la corrupción en la Comisión de Contraloría y recordó que a la plenaria se trajo un informe y no una propuesta de investigación.
Indicó que el debate se debe dar primero en la comisión y no traer a la plenaria un acuerdo que no ha sido distribuido, “la corrupción no tiene principios, ni doctrinas es un delito de astucia y se infiltra donde está el dinero público”, indicó Carreño.
Solicitó a la Bancada de la Unidad concatenar la prédica con la acción y “sacar de la ley de Amnistía a delincuentes confesos de enriquecimiento como Manuel Rosales, quien en su declaración jurada al final de su gestión mostró un nivel de enriquecimiento escandaloso”.
Igualmente refirió el caso del diputado Juan Carlos Caldera cuando “todos lo vimos embolsillarce unos reales y dijo luego que esa denuncia no tenía sentido”.
Dijo estar de acuerdo con la repatriación de capitales y con la extradición de corruptos a quienes “ustedes le dan títulos de perseguidos políticos, y que en Europa crearon unos territorios donde la banca no tiene control, llamados ‘paraísos fiscales’, producto del narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada.
Empresas obsoletas
El diputado Freddy Valera (Unidad-Bolívar) dijo que en el Estado Bolívar hombres y mujeres del pueblo crearon las empresas básicas y hoy fueron enviados militares a dirigirlas que, “desconocen los procesos, están al frente de las compras y ventas, y presentan una producción mermada, como ocurre con Sidor, Venalum y Carbonorca.
Dijo que estas empresas están obsoletas y sin inversión y se preguntó: “dónde están los créditos otorgados para repotenciarlas, como la Termoeléctrica de Sidor que está destruida, esto es corrupción”. Señaló que Jesús Zambrano es testaferro de Rafael Ramírez, “y está al frente de Ferrominera y que debe ser investigado, estas empresas no son alternativa petrolera, son chatarra”.
Cheque de PDVSA
Por su parte, el diputado Carlos Gamarra (GPP-Yaracuy) expresó que el tema tiene que ver con la autoridad para enseñar a los demás, “por eso quién propuso el debate comenzó mal, porque su partido Primero Justicia nació de un acto de corrupción como fue el cheque emitido por PDVSA”, afirmó. Gamarra.
Insistió que en el origen de este partido, hay dos elementos fundamentales sobre la actuación de sus integrantes como los auxilios financieros, como ocurrió con la recuperación de los bancos durante la crisis de 1994 que terminó desangrando el país. Y en las crisis financieras de 2008 y 2009 Chávez privilegió a los ahorristas, mientras que Mezerhane y Eligio Cedeño se robaron los dineros del pueblo.
Dijo que entre los años 2005 y 2015 existen 445 mil millones de dólares otorgados a empresas privadas, que se perdieron, por eso “se debe castigar a empresarios y banqueros corruptos y que el debate continúe”, dijo Gamarra.
La diputada Mariela Magallanes (Unidad-Aragua) dijo que el sistema lleva a la población a corromperse, porque buscando alimentos y medicinas se va por los caminos verdes, que no se consigue en los negocios, pero si por otras vías. Los alimentos regulados como el maíz blanco y el café que están regulados “nadie los consigue en ninguna parte, a pesar de que 60 % de la venta está en manos del estado”.
El diputado Edwin Rojas (GPP- Sucre) dijo que se olvidaron de José Ángel Ciliberto y la compra de jeeps para la campaña de Jaime Lusinchi y que Carlos Andrés Pérez asumió tener cuentas en Nueva York, así como de Vinicio Carrera en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
“Hay que hablarle claro al país, porque quien creó el Poder Moral fue Chávez, por eso se sancionan autoridades más allá del color político, ustedes no tienen moral, estamos perdiendo el tiempo en esta Asamblea, díganle al país que la hoja de ruta de ustedes es el golpe de estado”, indicó Rojas.
Por su parte, el diputado Hugo Carvajal (GPP-Monagas) salió en defensa de los militares señalados como corruptos y dijo que se trata de una campaña que tiene por objeto desmoralizar a los cuadros medios militares, por lo cual pidió sacar a los integrantes de la FANB del debate político.
“Hago un llamado a la responsabilidad, porque cuando dirigí un organismo de inteligencia y sé de la calidad de los informantes que viven de eso, en mis estadísticas sólo 3% son verdad y 97 por ciento son mentiras, sé que en Venezuela hay muchos detenidos por causa de la corrupción, los nombres están en los organismos y pueden traer los nombres aquí si quieren”, informó Carvajal.
El diputado Carlos Berrizbietia (Unidad-Carabobo) refirió que en la compra de alimentos se quedó 33% del dinero destinado a esta acción, dijo que comprobaran el robo perpetrado porque pedirán a los gobiernos de América del Sur comprobantes de las compras de comida, “y se sabrá quién se robó el dinero, uno de los responsables es un militar y esos reales no son de él”. precisó.
De la compra en junio 2015 con empresas brasileñas, de esa mercancía sólo entró 40% y no han entregado cuenta de lo demás – aseguró el parlamentario – y pediremos a Carlos Osorio y a Vicente Jofreda venir al Parlamento, porque vamos a investigarlos.
Casos públicos
El diputado Julio Montoya (Unidad-Apure) trajo casos públicos al debate como el de Francisco Illaramendi quien está entregado a la justicia, “y está preso por los 500 millones pertenecientes a los pensionados y las 8 mil casas de Uruguay. Este debate se planteó en la Asamblea Nacional pasada y el tema no se discutió”.
Prosiguió Montoya: El caso Ciudad Lebrum se llevó a la Fiscalía y no prosperó, Bolívar Banco con depósitos de la Tesorería y el Plan Bolívar 2000 no se investigó, así como el Central Azucarero Ezequiel Zamora, “se financió con el Comando Maisanta y el Comando del PSUV, pero no se discutió en la AN pasada”.
Dijo que 600 millones de dólares fue el costo de la descontaminación del Guaire, “nos prometieron la lista de corruptos de la gestión pasada y no la han traído”. Nombró a los que tienen cuentas en el Banco de Andorra y una lista de responsables que vincula al ex presidente de PDVSA.