El régimen totalitario chavista liderado por el dúo Maduro-Cabello, se empecina en desconocer la contundente expresión de voluntad popular manifestada en las elecciones parlamentarias del 6D, marcadas por un claro signo de protesta y de deseo de cambio en la sufrida nación venezolana.
Las argucias oficialistas buscan obstaculizar a la Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a través la impugnación de los Diputados por el Estado Amazonas, la ilegal designación por la moribunda legislatura anterior de 13 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 21 Suplentes, o mediante la intención de convertir a esa espuria instancia, en árbitro de las decisiones de la AN. Así ocurrió con la declaración de constitucionalidad por el TSJ del decreto de Emergencia Económica previamente rechazado por la AN, con las continuas amenazas del régimen de desconocer la ley de amnistía a los perseguidos políticos aprobada en primera instancia, o la ley de titularización de la propiedad de las viviendas otorgadas en años pasados a la población de menores recursos, o en forma general, con la estrategia de bloquear las decisiones de la AN y negarse a concurrir a los debates de control político. Ello configura un desacato a la institucionalidad democrática, y otra expresión del golpe de Estado que se ha venido ejecutando progresivamente en los últimos 17 años contra la Constitución que el propio régimen promovió e hizo aprobar en 1999, como está documentado en tantos análisis jurídicos, y en la obra “La historia inconstitucional de Venezuela”, del jurista Asdrúbal Aguiar Aranguren.
Entre tanto, el colapso económico y social se agrava de manera indetenible. El país se hunde en una economía de guerra y en una crisis humanitaria sin precedentes. El BCV reconoce que la inflación cerró en 181% en 2015, pero las estimaciones para este año se desbordan, mientras que la producción petrolera cae a cerca de 2,3 millones de barriles diarios, las reservas internacionales apenas alcanzan US$ 15 millardos, y el gobierno adelanta subrepticias ventas de oro en Suiza para literalmente “raspar la olla”. La secuencia de improvisaciones en la designación del equipo económico con personas fanáticas e incompetentes ha quedado una vez más evidenciada en el nombramiento y posterior remoción de dos ministros en el lapso de un mes, ambos de un perfil vergonzoso.
Las medidas económicas anunciadas esta semana por el gobierno son solo paños de agua tibia ante una crisis de colosales proporciones. En efecto, si bien el aumento de precios de la gasolina marca una ruptura al temor del gobierno de abandonar 20 años de costoso congelamiento, se abre una fuerte brecha entre el valor de los combustibles de 91 y 96 octanos en una proporción 1 a 6, que seguirá implicando el despilfarro de los de menor octanaje, con precios que siguen siendo los más bajos del mundo. De otra parte, la devaluación de la paridad oficial a 10 Bs. por dólar cuando en el mercado paralelo se ubica en 1.045 (100 veces más), no tendrá efecto alguno si no se abre una ventanilla cambiaria libre y flotante que permita atender las necesidades de divisas de la economía para atemperar la paralización del aparato productivo por falta de insumos, y el consecuente desabastecimiento de alimentos y medicinas, causantes de la crisis humanitaria que lleva a la muerte a decenas de personas al día, y del creciente fantasma de una hambruna generalizada. El gobierno sigue empecinado en creer que solucionará los problemas con Consejos Comunales y un “Estado Mayor” para la supervisión y control de precios, con planes de “revolución tributaria”, corporaciones productivas, abastos bicentenarios que son objeto de inmensos “guisos”, o con más gasto ineficiente destinado a misiones que no resuelven problemas, sino que subyugan a un pueblo fatigado de penurias, mediante el asistencialismo de un Estado macrocefálico y fracasado. Nada se hace para reactivar la inversión y la producción nacional, agravando la dependencia externa de alimentos, medicinas y bienes.
Como si fuera poco, la insólita decisión gubernamental del pasado 10 de febrero de crear la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) manejada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD) para ejecutar todo tipo de actividades de servicios petroleros, de gas y minería definidas en una interminable lista, es calificada por algunos como un “golpe de Estado” del Ministro de la Defensa General Padrino Vladimir Padrino López, sea para fortalecer el poder militar o para atacar vicios de la industria, pero no es lógico ni admisible que se cree una nueva entidad administrada por militares, en un campo que requiere de un alto nivel de especialización y conocimiento, en lugar de salvar a la golpeada PDVSA, la cual pasó de ser una de las primeras empresas energéticas del mundo a una débil compañía, politizada, saqueada, sin rumbo ni capacidad operativa o de inversión.
La Asamblea Nacional presidida con firmeza por Henry Ramos Allup, se encuentra en estos cruciales momentos ante el reto de cumplir sin cortapisas sus atribuciones legales, y hacer respetar la voluntad popular. Las leyes de amnistía y de titularización de la propiedad de las viviendas sociales deben de un lado seguir su curso aprobatorio, como también la reversión de la inmoral designación hecha en diciembre pasado por la AN de los magistrados del TSJ. Además, ante el choque de trenes provocado por el gobierno, la AN tiene ante sí la compleja tarea de definir prontamente un camino apegado a la Constitución y a formas no violentas, para cumplir con el cambio exigido por el mandato popular, u optar por la desobediencia civil a las tropelías del régimen. Y es que el caos y la bancarrota en los que se encuentra la nación no admite espera, pues la Venezuela que debería estar a la vanguardia de América Latina se muere de mengua, y tristemente se ubica en todos los indicadores de desempeño y transparencia, entre los diez países más atrasados del mundo.
Ante esa realidad, si el obcecado gobernante Maduro se resiste a admitir la voluntad popular, a someterse al control democrático, y viola el deber establecido en el artículo 232 de la Constitución, de que el Presidente de la República es el responsable de “la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos”, los recursos los define la propia Carta Magna, entre otros el artículo 350, que consagra el “deber del pueblo de desconocer cualquier legislación o autoridad que contraríe los valores democráticos o los derechos humanos”. La crisis múltiple en la cual el régimen ha sumido a la nación, la peor de su historia como nación independiente, evidencia la nula disposición de aceptar la independencia de los poderes, por arbitrariedad, falta de talante democrático, abuso de poder, psicopatía de sus integrantes y por sumisión a los dictámenes de los hermanos Castro desde Cuba.
La crisis actual me hace también reflexionar sobre los cuestionamientos que con razón o sin ella se hacen de la crisis de abril de 2002, pues hoy como ayer no podía confiarse en los designios del Foro de Sao Paulo, y en poderes públicos ya en ese entonces conculcados por el chavismo, con los mismos fines que ahora afloran en toda su magnitud. Por ello, la opción de llamar a elecciones limpias para que una nueva Asamblea Nacional relegitimara los poderes públicos y restableciera la senda democrática, no era del todo insensata. Nos habríamos ahorrado esta larga y oprobiosa tragedia.
Honor a la solidaria posición asumida en la AN por los Premios Nobel de la Paz Óscar Arias, Lech Walesa, y la surafricana Mpho Tutu, solicitando la liberación de los presos políticos, y condenando que en Venezuela se persiga o se someta a prisión a tantas personas por expresar sus ideas.
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”