En el mundo moderno, casi todos los gobiernos se declaran demócratas. Los gobiernos establecidos dicen ejercer el poder en nombre del pueblo, con pocas excepciones como la teocracia Iraní o la monarquía Saudita. Para muchos la convocatoria periódica de elecciones es suficiente para proclamar que existe democracia, pero ésta es mucho más que una serie de elecciones; sabemos que etimológicamente proviene de las palabras griegas demos (pueblo) y kratos (gobierno) y que juntas significan gobierno del pueblo.
La interrogante que nos plantea esa definición es: ¿cómo se mide la voluntad del pueblo? Rousseau parece haber resuelto esa disyuntiva, en una Nación nunca se tendrá una opinión unánime de todos los ciudadanos, por eso concluye que la opinión de la mayoría debe ser considerada la opinión de la Nación.
Pero que las mayorías decidan quien gobierna no es suficiente para determinar si existe democracia plena. Dentro de los requisitos mínimos para que rija este tipo de gobierno están las concepciones aportadas por dos grandes filósofos Montesquieu y Voltaire.
Montesquieu introdujo el respeto por la legalidad y el equilibrio de poderes como parte esencial del gobierno del pueblo, todas las ramas del Estado deben estar dentro del marco de las leyes, y para asegurarse de ello, debe existir un equilibrio que permita a los poderes vigilarse e impedir que alguno de ellos actúe arbitrariamente. Voltaire añade otro factor básico para la democracia, la tolerancia; el respeto al pensamiento ajeno y a las ideas diferentes es fundamental, aunque las mayorías decidan quienes gobiernan, las minorías deben ser respetadas.
Debemos reflexionar, si nuestros gobiernos realmente cumplen con los requisitos mínimos que exige el sistema proveniente de Atenas. La legitimidad de origen, escudo bajo el que se amparan los populismos, no es suficiente, sin la separación de poderes, libertades económicas, políticas y sociales, y el respeto a las diferencias, características estas para definir una autentica democracia.
Quienes tenemos responsabilidades públicas y somos creyentes de un sistema de libertades, con justicia social, e igualdad ante la Ley, tenemos el deber de aclarar estas cosas. Nuestra lucha es por la verdadera democracia, donde se respetan todos los principios que la componen. No debemos conformarnos con un beneficio del mencionado sistema, sino exigir que la tan mencionada palabra, exaltada en discursos adornados, sea materializada para el beneficio del pueblo.