La solución propuesta por la comunidad internacional para resolver la crisis política, económica y social, creada por el régimen de Nicolás Maduro desde el año pasado, no sucedería este año.
El primero en plantear la solución fue el expresidente Ernesto Samper, Secretario de la Unión de Naciones de Suramericanas (UNASUR), quién informó a los medios de comunicación el pasado 7 de marzo que “las elecciones parlamentarias serán en septiembre” de este año .
En esa misma ocasión, Samper manifestó la importancia para UNASUR “que las próximas elecciones” (…) “lleguen a feliz término. Creemos que es el mejor escenario para que -los venezolanos- confronten las diferencias políticas y se diriman las controversias ” -esa fecha fue luego negada por el organismo y dejaba el anuncio del día de las elecciones en manos del Poder Electoral.
Una semana más tarde lo hizo el subsecretario adjunto para América Latina del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Alex Lee, en la audiencia celebrada el 16 de marzo en el Subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado americano, quien subrayó la importancia de que las elecciones parlamentarias previstas para este año en Venezuela se llevaran a cabo de la manera más transparente, e indicó que Estados Unidos ya les había transmitido su deseo de impulsar una misión internacional electoral que garanticen la transparencia del proceso. Adicionalmente, Lee manifestó que “las elecciones de la Asamblea Nacional de este año representan una oportunidad para los venezolanos de participar en un discurso legítimo y democrático”.
Hoy, tres meses después de estos dos eventos, la situación política, económica y social en Venezuela se han deteriorado.
En lo político, la aprobación de la gestión de Nicolás Maduro cae de forma sostenida. Según datos de la firma asesora Data Mining ha bajado 12 puntos al compararlo con el dato de enero (22%) de Datánalisis. Un promedio de 2 puntos mensuales. Lo que ha mermado gran parte del capital político acumulado durante años del chavismo.
En lo económico, la falta de una solución definitiva al control cambiario de divisas -fuente fundamental de la distorsión económica- ha disparado la escasez de alimentos y medicinas, el costo de la vida, el “bachaqueo”, el mercado paralelo de divisas y el quiebre de empresas, entre otros. Razón por la cual Venezuela será en el 2015 la economía con la mayor tasa de inflación a nivel mundial y la de mayor decrecimiento en la región, 7,5% (FMI).
Y, en lo social, la coerción de la población ha perdido efecto. Según la última medición de la consultora Hercon del 27 de mayo, “la intención de voto se mueve en 85%, y la gente no tiene miedo y desea participar en los venideros comicios para elegir a sus diputados nacionales”.
Un hallazgo que se vio plasmado en la asistencia a la convocatoria por parte de un sector de la Oposición -los partidos políticos con menor capacidad de movilización- a marchar en las grandes ciudades a nivel nacional y nivel mundial el pasado sábado, 30 de mayo. Un anuncio que hizo Leopoldo López desde la cárcel a través de un video una semana antes. Y, que el gobierno de Maduro interceptó y divulgo para intimidar a los participantes con el señalamiento de que la marcha formaba parte de un plan desestabilizador. Mientras que el otro sector de la Oposición resaltó que habría actos de violencia y represión, por lo que no la apoyó.
Sin embargo, la marcha del sábado pasado demostró, tanto a Maduro y sus partidarios como a los partidos políticos de la Oposición que no la apoyaron, que los distintos sectores sociales quieren un cambio en la dirección política del país y que las elecciones parlamentarias son un camino este año.
El pasado 9 de mayo -hace un mes- la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, destacó en entrevista con José Vicente Rangel, “… que en el último trimestre del año tendremos las elecciones (parlamentarias)…”. Unas elecciones que de acuerdo a las convocatorias anteriores podrían suceder no antes del domingo 6 o 13 de diciembre. Ya que, las últimas elecciones para la Asamblea Nacional y Palatino del 26 de Septiembre de 2010, fueron convocadas oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 14 de abril de 2010 -6 meses con anterioridad. Asimismo, ocurrió con las elección presidencial del 7 de octubre de 2012 que se fijo el 29 de marzo de ese año.
Según la Asociación Civil Súmate “es incomprensible y no tiene justificación alguna el silencio que mantiene el CNE en cuanto al anuncio del calendario y ahora de la convocatoria oficial de los comicios legislativos”. Porque estas elecciones demandarán “la organización de 90 elecciones diferentes en 87 circunscripciones nominales y 3 circunscripciones indígenas”.
Un silencio que obedece a la necesidad que tiene el oficialismo y Maduro en determinar el mejor escenario electoral. Debe pasar por el proceso interno de elecciones primarias el 28 de junio y comprar “tiempo” para satisfacer las necesidades básicas del ciudadano común que dependen de los dólares provenientes del:
• incremento del precio del barril de petróleo,
• financiamiento chino y/o
• pignoración del oro monetario.
Por ahora, todo indica que Maduro buscaría correr la fecha de las elecciones de este año para el próximo, esgrimiendo la falta de recursos para realizarlas. Aunque tenga que violar la Constitución que establece la instalación de la nueva Asamblea Nacional el próximo 5 de enero de 2016 y la solución propuesta de la comunidad internacional para sortear la crisis.
En Venezuela no habrían elecciones este año.