Remoción de funcionarios de confianza y sanciones más que políticas plantea la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) en el proyecto de Ley de Control Político, reseña Panorama.
Control presupuestario en todos los niveles y nombramientos de funcionarios, es parte de lo establecido en el proyecto que esperan llevar antes de concluir este primer período legislativo para su aprobación en primera discusión.
Aunque esta ya es una tarea asignada por la Constitución al Parlamento, esta norma daría las formas legales a la institución para tomar decisiones de mayor contundencia.
El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jesús Montilla, coordinador de la comisión que elabora la norma, manifestó que el instrumento busca desarrollar esa atribución que tiene el Parlamento de ejercer control político sobre los organismos del poder público y esta ley va a desarrollar como principio constitucional. “Que la Asamblea pueda tener control, aprobación, autorización, evalúe, designe funcionarios de otro poder como el poder ciudadano, electoral, judicial, ejercer el control de gestión, presupuestario, control sobre las leyes habilitantes, inversión y gasto público, está el Ejecutivo obligado a rendir cuentas”.
Uno de los objetivos de la norma es dar al Parlamento mayor poder de acción, ya que hasta ahora solo tienen la potestad de establecer sanciones “políticas” que no traen mayores consecuencias. Cuando la AN investiga a un funcionario o ex funcionario, en el mismo acto exhorta a la Fiscalía y a la Contraloría a iniciar investigaciones penales y administrativas.
Pero no hay ninguna sanción inmediata más allá de la condena moral. Con esta Ley se impediría que personas responsables de delitos contra el patrimonio se mantengan o aspiren a cargos.
El diputado Pedro Carreño indicó —al iniciarse el trabajo sobre la norma— que “es importante que contenga un ámbito punitivo, que establezca multas o algún mecanismo efectivo e inmediato de sanciones. Cuando se aprueba la censura parlamentaria a un ministro, la Constitución ordena su destitución automática, pero cuando se aprueba el informe de responsabilidad política, no tiene impacto inmediato. Pensaríamos entonces en ¿separación temporal del cargo?, ¿inhabilitación política? Eso hay que definirlo”, dijo.