Defender los derechos humanos en Venezuela se convirtió en una profesión de “riesgo”, afirma Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVC) y activista de DDHH. En entrevista con La Verdad denunció que funcionarios del Gobierno “siembran terror para inhibir el trabajo de los defensores de derechos humanos”.
Por Sugey Díaz / Maracaibo / sdiaz@laverdad.com
Documentar, entre otras cosas, las protestas que a diario se llevan a cabo en el país, le valió a Ponce ser objeto de múltiples acusaciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por ello forma parte de la lista de defensores de derechos humanos que el Estado venezolano debe proteger, según la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El investigador cree que quienes defienden la libertad y analizan los problemas en el país son víctimas de “una visión errada de los procesos democráticos y una lectura muy partidista de lo que sucede”. Espera que los representantes del Estado venezolano respondan formalmente a la petición de la CIDH en los próximos 10 días.
“A pesar del hostigamiento y la persecución”, el profesor universitario garantiza que su labor al frente del OVC no disminuirá e invita a los altos funcionarios, como el diputado Cabello, a “tomar ese tiempo para dedicarse a trabajar y no para perseguir a los defensores de derechos humanos”.
– ¿Qué significa la medida cautelar de protección dictada por la CIDH a su favor y el de otros seis activistas de los DDHH en Venezuela?
– Significa mucho. Esta medida es un llamado de atención al Gobierno de Venezuela, un llamado formal para que se garantice y se respete el trabajo de los defensores de derechos humanos en Venezuela, que como sabemos cada vez nos encontramos más en riesgo. En mi caso, fue el resultado de una serie de señalamientos que reiteradamente ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en mi contra, acusándome de desestabilizador y de formar parte de un proceso de conspiración para derrocar al Gobierno de Venezuela, acusaciones que son absolutamente falsas. Nosotros en Venezuela trabajamos como todos los defensores de derechos humanos en el marco del estado de derecho y la legalidad, y lamentamos mucho que el Gobierno de Venezuela tenga esa actitud hacia los defensores, quienes trabajamos en pro de fortalecer la democracia.
– ¿En qué consiste la medida de protección y cuáles serían las implicaciones para el Gobierno nacional en caso de incumplirla?
– La CIDH pide expresamente que se garantice mi vida y mi integridad en Venezuela. Ahora el Estado venezolano tiene 10 días para responder a la CIDH sobre esta situación, debe responder el por qué existe hacia mí una campaña de hostigamiento y de persecución, por qué, por ejemplo, me toman fotos en el aeropuerto, si es que existe algún procedimiento penal hacia mí que yo no conozca o cuáles son las motivaciones que tienen estos funcionarios venezolanos para tener esa campaña de hostigamiento hacia mi persona. Esta solicitud representa un estado de alerta ante la gravedad de la situación de Venezuela.
– Al estar involucrado en las acusaciones la máxima autoridad de la AN, ¿qué representante del Estado venezolano debe responder a la CIDH?
– La primera persona llamada a levantar su voz en este momento es el defensor del pueblo, Tarek Wiliam Saab. Él, al frente de la Defensoría debe motorizar ante las instancias del Gobierno de Venezuela y la Fiscalía General de la República todas las acciones pertinentes para que nuestro trabajo pueda llevarse a cabo con las garantías necesarias. Él debería tener un rol protagónico y esperamos que en términos democráticos pueda pronunciarse y garantizar el cumplimento de la medida cautelar de protección solicitada para los defensores de DDHH en nuestro país.
– ¿Teme por su vida?
– No tengo la certeza para asegurar que no pueda ocurrir, espero que con esta medida cautelar el Estado venezolano pueda tomar las medidas de seguridad para que se garantice mi integridad y la de mis compañeros. Esperamos que el Estado asuma el compromiso de este llamado que le hace la comisión, porque nosotros vamos a continuar trabajando en Venezuela con la misma responsabilidad.
– ¿Cómo ven la situación los representantes de la CIDH?
– Los activistas y las víctimas desde hace mucho tiempo hacemos uso del sistema interamericano y la Comisión Interamericana tiene conocimiento pleno de la situación en Venezuela, sabe cómo se ha venido deteriorando el estado de derecho e incrementando los casos de violaciones de derechos a los ciudadanos en todas las naturalezas, derechos sociales, políticos y civiles; es por ello que lo que se hace desde esta instancia internacional es intentar fortalecer la democracia del Estado venezolano en esos puntos sonde se han presentado denuncias.
Amparados por la CIDH
La medida cautelar no solo beneficia a Ponce, también incluye a: Rafael Uzcátegui (Provea), Carlos Correa (Espacio Público), Liliana Ortega (Cofavic), Humberto Prado (Observatorio Venezolano de Prisiones), Aurelio Fernández Cochenzo (Transparencia Venezuela) y Feliciano Reina (Codevida).
En febrero fueron amparados con una acción similar Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello; Carlos Nietos, de Una Ventana para la Libertad; y Rocío San Miguel, de Control Ciudadano.