Explicó que dicha Resolución establece un nuevo modelo de control militar que asume el control del orden público. “La Resolución establece la autorización en el “uso de la fuerza potencialmente mortal” con el arma de fuego o con otra arma mortal” para evitar los desórdenes”.
Denunció que el ministro de la Defensa “desconoce e inhabilita la CRBV al vulnerar el art 68 que prohibe el uso de armas y sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas , la ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Alertó que esta Resolución, no tiene fuerza de ley “y lo más grave es el grado de discrecionalidad al no distinguir cual manifestación o protesta es pacifica y cuando es violenta. Se lo dejan a los militares a su discreción eso es muy peligroso por el desconocimiento que tienen soldados em materia de seguridad ciudadana y control del orden publico ,ellos están formados para la guerra”.
El ministro desconoce la sentencia de la Corte Interamericana con el caso de las victimas del “Caracazo” , decisión que limita a la fuerza militar en asumir funciones de seguridad ciudadana y el uso de armas de fuego en manifestaciones.”El ministro de la defensa al firmar esta Resolución está siguiendo el ejemplo del general Videla, quien aplicó una Resolución similar autorizando a los militares asumir el control del orden Publico y las consecuencias para el fue la condena por violar sistemáticamente los DDHH”.
Recalcó que “como defensor DDHH , exijo a los parlamentarios de oposición y oficialismo a realizar una interpelación al ministro para que explique esta locura jurídica y se le exija a la derogación de tal Resolución por vulnerar a nuestra norma suprema como lo es la CRBV”.
Le recordó a la la fiscal general “ue el MP es el garante de la legalidad y actúa de buena fe en defensa de los DDHH , que el TSJ debe darle un templón de oreja al ministro de la Defensa y recordarle que la obligación de nuestras Fuerzas Armadas es la de velar por la Constitución”.
Pidió a todas las escuelas de derecho tanto públicas como privadas, a los abogados a que se pronuncien “y así detener esta nueva arremetida contra los DDHH del pueblo”.
Advirtió al ministro Padrino que la responsabilidad penal es individual. “Rectifique, de lo contrario, se coloca al margen de la Constitución y de nuestras leyes y eso es un delito. No le exijo al defensor porque fue muy ligero en pronunciarse a favor de la Resolución, pareciera que está actuando como el abogado del ministerio de la Defensa y no como el Defensor del Pueblo”, dijo.