En la madrugada del día de hoy, 26 de abril de 2014, fue privado de libertad el Abogado Marcelo Crovato, luego de ser detenido cuando asistía legalmente un allanamiento la madrugada del martes 22 de Abril en el Municipio Chacao. Crovato fue imputado por los delitos de Instigación Pública, obstaculizarían de la vía pública, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir, ordenando el Tribunal 9 de Control a cargo de la Juez Denisse Bocanegra como sitio de reclusión preventiva la sede del CICPC en Caracas.
En las actas se hace referencia a un supuesto agente anónimo infiltrado del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) que señala que alguien le dijo que abogados del Foro Penal Venezolano están implicados en el supuesto financiamiento o soporte de acciones terroristas. Cabe destacar que Marcelo Crovato ha sido un colaborador de nuestra organización en la asistencia de algunos casos de las más de 2600 detenciones que se han realizado en todo el país.
Foro Penal Venezolano, organización de DDHH tiene hoy más de 200 abogados miembros y aproximadamente 250 abogados colaboradores ocasionales, además de contar con 1200 defensores activos en todo el país, que no son abogados pero son activistas de Derechos Humanos. Todo este potencial humano ha estado volcado los últimos 3 meses a defender de forma gratuita los derechos humanos de miles de manifestantes, a la asistencia jurídica, también gratuita, de los detenidos y a la denuncia efectiva de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que funcionarios de organismos de seguridad del estado y bandas armadas simpatizantes del oficialismo han perpetrado contra la población civil. Dichas denuncias han sido llevadas a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a los Cancilleres de los países de la UNASUR que forman parte de la mesa de diálogo activada por el gobierno venezolano para que sirvan como mediadores con la Mesa de la Unidad Democrática y un sector de la oposición, así como también han sido consignadas ante el representante de la Santa Sede en nuestro país Monseñor Aldo Giordano y a distintos representantes de Organizaciones Internacionales de DDHH, como la CIDH.
Queremos denunciar a la opinión pública nacional e internacional la criminalización del ejercicio de nuestra profesión, la pretensión de limitar a través de la criminalización el activismo a favor de los DDHH en Venezuela, y la intimidación que el gobierno nacional pretende ejercer contra quienes ejercemos el Derecho en Venezuela a través de acusaciones falsas y sin fundamento para neutralizar a quienes están en las calles asistiendo a los miles de reprimidos y para causar en la ciudadanía la sensación de indefensión. Prensa Foro Penal Venezolano