Ciudadanía Activa, consecuente con su misión de defender y velar por el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos, se ve obligada, una vez más, a rechazar categóricamente la violación y conculcación de derechos y garantías consagradas en la Constitución de la República por parte del gobierno nacional.
Rechazamos la violación continua e incesante al derecho a la información y a la libertad de expresión, establecidos en los artículo 57 y 58 de la Carta Magna, materializada en distintas formas de censura y modus operandi.
El último de los cuales lo constituye el acoso judicial contra el Diario Tal Cual, su Director Teodoro Petkoff, los miembros de la Junta Directiva y el columnista Carlos Genatios a partir de la demanda introducida por Diosdado Cabello, que tiene como objetivo cercenar el derecho a la libre opinión y expresión, que garantiza el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita por Venezuela.
Rechazamos igualmente la utilización de la justicia para la persecución de representantes de la sociedad civil y líderes políticos, muchos de ellos representantes electos por los ciudadanos para ejercer cargos públicos. Al caso Leopoldo López, que cumple más de un mes de reclusión, a la persecución a los líderes del partido político Voluntad Popular Carlos Vecchio y el Gral (r) Antonio Rivero, se suman acciones judiciales contra los alcaldes opositores y contra la parlamentaria María Corina Machado, a quien, con la complicidad de los tribunales se le pretende despojar de su inmunidad parlamentaria.
Rechazamos, en ese mismo sentido, la criminalización de la protesta estudiantil, como ejercicio del derecho a manifestar pacíficamente en toda sociedad democrática que ha generado estudiantes detenidos, torturados o sujetos de medidas restrictivas de su libertad que conlleva la prohibición de declarar o protestar.
La celeridad con la que los tribunales han dado curso a todas estas acciones judiciales es una muestra más de la falta de autonomía de los poderes públicos, especialmente del sistema judicial que, en la Venezuela de hoy, no garantiza como debe ser la imparcialidad de la administración justicia para sus ciudadanos.
Convocamos a los venezolanos y, en particular, a otras organizaciones de la sociedad, a una acción firme en defensa de nuestros derechos constitucionales.
Nota de prensa